"La institucionalización del despojo"

(Publicado en "Excélsior," el 11 de marzo de 2009)

Armando Román Zozaya

Duele, pero, hay que decirlo: México es el país del despojo. Ejemplos: los ambulantes y franeleros, quienes desposeen a la ciudadanía de los espacios públicos; los secuestradores, quienes nos despojan de la libertad misma y del derecho a vivir tranquilos; los asaltantes, quienes nos arrebatan el fruto de nuestro trabajo; las “autoridades” que no hacen bien su trabajo y, por lo tanto, nos privan del beneficio de vivir en una sociedad ordenada y pacífica; los banqueros, quienes nos extraen lo poco que tenemos por medio de mortíferas tasas de interés; los mexicanos que no son delincuentes pero que no tienen conciencia cívica y, de esta manera, inundan nuestras calles y condominios de basura, ruido exacerbado, automóviles que son conducidos sin prudencia alguna, etcétera, es decir, nos  quitan el derecho a desenvolvernos en un ambiente sano. Y un largo etcétera.

Por si eso fuera poco, resulta que en México el despojo es tan ordinario que hasta lo hemos institucionalizado. Tres casos ilustran lo anterior: 1) como lo evidencia el reportaje de Alejandro Sánchez publicado en estas mismas páginas en días recientes, hasta hace unas semanas, la madre de la Secretaria Técnica de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados cobraba como empleada de la comisión misma aunque nunca trabajó ahí realmente; era una “aviadora;” 2) el reportaje de Carlos Avilés sobre los derechos y prerrogativas de los ministros jubilados de la Corte de Justicia, publicado hace unos días en El Universal, revela que los exministros gozan, a costa del erario, de comidas de lujo, pensiones de cientos de miles de pesos, seguro de gastos médicos, etcétera, y 3) los 500 mil pesos que los asambleístas del Distrito Federal recibirán, cada uno, por supuesto, al concluir la actual legislatura.

Y claro, todo lo indicado es legal pues, a final de cuentas, la señora madre de la Secretaria Técnica de la mencionada comisión era una empleada de la misma y, por lo tanto, no había nada de irregular en que cobrara su sueldo. Igualmente, los privilegios que gozan los exministros están dentro de lo que la ley estipula. De la misma forma, los 500 mil pesos de los asambleístas no son ilegales. Digámoslo claramente:  esto no es sino despojo institucionalizado. Es despojo porque se trata de recursos públicos que terminan en manos privadas; está institucionalizado porque la ley misma lo avala.

Ahora bien, el que el despojo esté institucionalizado no es excusa para no acabar con él. Para empezar, vivimos en un país con grandes necesidades, por lo que el uso de nuestros recursos públicos no es el adecuado: nuestras prioridades actuales son inaceptables. Además, dichos recursos provienen del esfuerzo de millones de mexicanos; no son de la Corte, ni de la Cámara de Diputados ni de la Asamblea del Distrito Federal: son del pueblo de México. Por eso mismo, tendrían que ser utilizados con todo cuidado, siempre procurando maximizar el bien común, no el privado.  Pero lo peor es que, si no hacemos algo respecto a cómo y en qué gastamos lo que es de todos, nuestras instituciones terminarán por perder toda legitimidad: para los ciudadanos, las instancias de gobierno no sirven sino para despojarnos, para hacernos daño, no para ayudarnos a resolver los males del país. Advertencia: una vez que nuestras instituciones se hayan quedado sin legitimidad alguna, situación que, dicho sea de paso, ya nos está rondando, será muy difícil que retornemos del lugar al que habremos llegado: el caos absoluto.

Vale enfatizar que el problema de fondo no es el uso de la ley con el fin de que manos privadas se hagan de lo público sino la falta de ética que nos permea. De hecho, utilizar la ley de tal forma es producto, precisamente, de dicha falta, la cual se refleja también en lo siguiente: ¿por qué un exministro de la Corte que recibe una pensión de al menos 150 mil pesos al mes exige que la Corte misma le reembolse lo que se gasta en propinas? Caray, inclusive si la ley lo permite, ¿está bien? ¿En la conciencia de los exministros no cabe el negarse a utilizar una prestación como la descrita cuando gozan de pensiones que, dado el país que somos, son de por sí desproporcionadas? ¿Por qué autogratificarse con 500 mil pesos, como lo harán los asambleístas del D.F.? Es legal, pero, ¿es correcto? ¿Por qué contratar a la madre de uno para que cobre sin trabajar? Es posible hacerlo legalmente, pero, ¿es ético?

Somos, pues, el país del despojo. Incluso, hemos institucionalizado el acto mismo de despojar: ¿es eso lo que heredaremos a nuestros niños? La tarea es de todos: ¡ya no más, ya basta!