Tal vez se trate de una casualidad, sin embargo, llama la atención que los gobernadores de México nunca son responsables ante la ley –y sólo algunas veces lo son políticamente– de lo que ocurre en los estados que gobiernan. Eso sí, los secretarios, subsecretarios, etcétera, que trabajan con ellos terminan pagando los platos rotos –legal y/o políticamente– cuando así lo exigen las circunstancias.
Ejemplos sobran: en el D.F., la policía provoca la muerte de varios jóvenes en un antro y el Secretario de Seguridad Pública, no el Jefe de Gobierno, presenta su renuncia. Algo similar ocurrió cuando cierto Secretario de Finanzas pasaba su tiempo en Las Vegas: a su jefe nunca se le atribuyó responsabilidad alguna al respecto. ¿Y qué decir de la reciente fuga de reos en Zacatecas, ante la cual, la gobernadora del estado no sólo no renunció sino que ni una disculpa ofreció a sus gobernados? Lo mismo vale para el actual mandatario de Michoacán: en vez de preocuparse por el hecho de que estaba rodeado de colaboradores probablemente vinculados al crimen organizado, se ha dedicado a quejarse de que el gobierno federal no le avisó del operativo que ya todos conocemos. Quien no se ha quejado de que no le avisaron de un operativo similar es el gobernador de Morelos. Sin embargo, anda tan campante que pareciera que no fue en su estado donde altos funcionarios fueron detenidos por brindar protección al crimen organizado. Y no olvidemos el infame caso del gobernador de Puebla, quien no ha rendido cuentas todavía respecto a sus vínculos con probables pederastas. Etcétera.
Se dirá que, en cada uno de los casos mencionados, se le ha atribuido responsabilidad a quien correspondía, es decir, lo ocurrido no ameritaba que los gobernadores en cuestión presentaran su renuncia, fueran investigados, etcétera. No estamos de acuerdo: si yo soy gobernador y mi secretario de seguridad pública es detenido por posibles nexos con el narcotráfico, tengo que, por lo menos, dar una explicación puesto que, si no estaba enterado al respecto, soy un incompetente, y si sí lo estaba y no hice nada, soy un corrupto. Igualmente, si soy gobernador y 53 reos escapan de un penal bajo mi jurisdicción sin que nadie los vea, nadie los oiga, no me queda más que admitir que no sé qué está pasando en mi estado, tampoco sé de quién estoy rodeado y mucho menos soy capaz de garantizar seguridad a la ciudadanía, tarea mínima que debe cumplir la autoridad. En otras palabras, soy un incompetente. Y si sí sé de quién estoy rodeado, etcétera, y no actúo al respecto, soy un corrupto. De la misma forma, si yo gobierno un estado y doy “coscorrones” a periodistas que le resultan incómodos a mis amigos, quienes, además, están bajo sospecha de pedofilia, lo mínimo que se esperaría de mí es mi renuncia. Lo mismo vale si soy Jefe de Gobierno del D.F. y mi secretario de finanzas se la vive en Las Vegas o la policía de la ciudad provoca la muerte de varios adolescentes.
Lo peor es que el propio gobierno federal asume que los gobernadores de este país dejan mucho que desear. De hecho, no haberle avisado a Leonel Godoy, mandatario de Michoacán, sobre el operativo que tendría lugar en dicho estado implica que, para las autoridades federales, Godoy o es un corrupto o es un incompetente: si le avisaban, los sospechosos se enterarían de que irían por ellos, ya sea porque Godoy es parte de la red de corrupción y levantaría la voz de alerta o, en todo caso, al no saber quiénes son los corruptos, podría advertirles sobre el operativo de manera no intencional (es un incompetente).
Pero insistamos: lo “curioso” es que todas las responsabilidades se detienen en la puerta de las oficinas de los gobernadores: simple y sencillamente, éstos están libres de toda rendición de cuentas y de toda culpa, pase lo que pase. ¿Será, como decíamos hace unos párrafos, casualidad? ¿O tal vez se trate de complicidad, una especie de pacto, entre los partidos políticos (no tumben a los gobernadores de nuestro partido y no tumbaremos a los del suyo)? ¿Nuestro marco legal, a propósito o por omisión, protege a los gobernadores, es decir, dificulta el atribuirles responsabilidades? ¿Se trata simplemente de cinismo rampante, tanto de los gobernadores mismos como de las autoridades federales, las cuales optan por no ir tras los mandatarios estatales incluso cuando hay elementos para hacerlo?
Sea lo que sea, una cosa está clara: al menos varios de los gobernadores de México son incompetentes y/o corruptos, pero, disfrutan de total impunidad tanto política como legalmente hablando: ¿hasta cuándo?
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