"Desamparados"

(Publicado en "Excélsior," el 15 de julio de 2009)

Armando Román Zozaya

Ni pueden ni renuncian; así están las autoridades mexicanas. Ah, pero eso sí, no dejan de decirnos que la ciudadanía debe cooperar en la lucha contra la delincuencia. En concreto, se nos indica que tenemos que denunciar. Muy bien: eso es lo que nos corresponde; es nuestra obligación como ciudadanos. Pero, ¿para qué? ¿Para que luego, como le ocurrió al señor Benjamín Le Baron, en Chihuahua, los delincuentes nos saquen de nuestra propia casa para torturarnos y asesinarnos? ¿Para que luego uno mismo tenga que conducir las investigaciones del secuestro de su hijo, como lo tuvo que hacer la señora Isabel Miranda de Wallace? ¿Para que luego no se sepa nada de los asesinos del hijo de uno, como le ocurre a la familia de Alfonso Belmar, asesinado en el viaducto del D.F. hace tres años? ¿Para que luego los dueños de la guardería en la que nuestros hijos murieron calcinados escapen del país en las narices de la autoridad? Digámoslo de manera sencilla: en México, uno llama a la policía y ésta, en gran número de ocasiones, ni siquiera se aparece. Igualmente, las corporaciones policíacas son intervenidas por el ejército, como ha ocurrido en Morelos y Nuevo León, porque sus miembros están coludidos con la delincuencia. ¿Y así quieren que denunciemos, que confiemos en la autoridad?

Dicho sea de paso, si de denunciar se trata, ¿qué espera el señor Presidente de la República para denunciar a los “gobernantes del pasado” que permitieron el crecimiento del narcotráfico? Lo preguntamos porque, frecuentemente, Felipe Calderón enfatiza que el poder del crimen organizado no es culpa de su gobierno sino de los de antes. De acuerdo: ¿quiénes son esos “gobernantes del pasado”? ¿Por qué no los denuncia el señor Presidente? ¿Por qué no cumple con su obligación ciudadana?

¿Y qué decir de los señores legisladores? Todavía no concluye formalmente la legislatura para la que fueron electos pero los diputados federales ya vaciaron sus oficinas. Igualmente, un buen número de ellos abandonó el cargo hace meses para buscar otra posición desde la cual seguir ordeñando el erario. Eso sí, cada uno de los diputados recibirá más de un millón de pesos a manera de despedida. Asimismo, según información publicada por El Universal, el seguro médico para ellos y sus familiares (un total de 2842 individuos) costó, durante los tres años que duró la actual legislatura, 155 millones de pesos: casi 60 mil pesos por persona (los diputados reciben también 50 mil pesos anuales para cubrir gastos por medicamentos y dentista). Mientras tanto, más de la mitad de los mexicanos no tiene acceso a servicio médico alguno. Y quienes sí lo tienen, sufren de las insuficiencias, deficiencias y negligencias del ISSSTE y del IMSS. Lo peor: los diputados no lograron siquiera un acuerdo significativo, verdaderamente importante, para la vida del país. Por ejemplo, la supuesta reforma fiscal no es tal, la electoral ya está siendo cuestionada y el sector energético todavía espera los cambios profundos que necesita.

Por su parte, los ministros de la Suprema Corte –los servidores públicos mejores pagados del país y, probablemente, del planeta– toman vacaciones justo cuando los padres de los niños fallecidos en el incendio registrado en la infame guardería ABC, en Hermosillo, esperaban que dicha corte nombrara una comisión que investigue el caso. Claro está que los señores ministros ya aclararon que se fueron de vacaciones porque así lo marca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y la ley debe ser respetada. Faltaba más.

Los gobernadores dejan también mucho que desear. Ahí está, por ejemplo, el señor Bours, quien, si tuviera dignidad, ya habría renunciado por el asunto de la mencionada guardería ABC. Lo mismo vale para Leonel Godoy pues, en Michoacán, el poder de las mafias es tal que le disputan el control de la entidad al gobierno estatal. Igualmente, todavía nos preguntamos por qué Mario Marín, gobernador de Puebla, sigue ejerciendo tal cargo: la infame y famosa conversación entre él y Kamel Nacif debería haber provocado no sólo la renuncia del interfecto sino hasta, tal vez, su encarcelamiento.

El punto es que la ciudadanía está desamparada. De hecho, desde los franeleros hasta los secuestradores hacen lo que quieren; no hay quien les ponga un alto; las autoridades tienen otras prioridades e intereses. Eso sí, con nuestros impuestos, los servidores públicos viven…y bien. Pero Usted, amigo lector, sea un buen ciudadano: ¡denuncie! ¿Qué no ve que la delincuencia hace y deshace porque no denunciamos? ¡Vaya ceguera la que Usted padece, caray!