"Soy un catastrofista"

(Publicado en "Excélsior," el día 11 de febrero de 2009)

Armando Román Zozaya

No importa si el juicio proviene del mismísimo Presidente de la República: prefiero ser considerado un “catastrofista” que minimizar los problemas que encaramos. Igualmente, opto por que se me acuse de “deliberadamente falsear, dividir o enconar” en vez de callar ante lo que considero una crisis que puede provocar que México se convierta en un espacio permanentemente incapaz de brindar a sus ciudadanos un marco de convivencia sustentado en la ley. 

Y no, al contrario de lo indicado por Germán Martínez, presidente del PAN, en uno de sus textos para El Universal, no argumento lo anterior porque constituyo un poder fáctico que quiere impugnar al Estado. De hecho, lo sostengo porque, como muchos otros mexicanos, estoy cansado de que en nuestro país la ley no impere. Es más, considero inaceptable que cada minuto confirmemos que en México vale más la impunidad que la autoridad. Asimismo, me preocupa que quienes nos gobiernan no sólo no aceptan la gravedad de la situación sino que, además, consideran que quienes no estamos de acuerdo con ellos somos traidores a la patria.

 ¿Cuáles son los problemas que nos pueden hundir? ¿Por qué difiero del diagnóstico de México ofrecido por el grupo en el poder? Dicho grupo piensa –eso se desprende de sus declaraciones, comentarios y textos– que el problema está dado únicamente por la inseguridad y, en concreto, por el narcotráfico. Así, el presidente Calderón, Germán Martínez y muchos otros que están de acuerdo con ellos, argumentan que, si bien experimentamos violencia en las calles, México no es Pakistán, es decir, se trata de violencia no endémica sino ligada a la guerra contra el crimen organizado. Por eso, por ejemplo, lo único que el país requiere para cambiar su imagen ante el exterior es una campaña publicitaria (cuestión que implica –eso indica la lógica– que no se necesitan acciones de fondo que modifiquen nuestra realidad: es un asunto de estética).

Es obvio que es positivo que se esté haciendo algo para aniquilar a la delincuencia organizada. Asimismo, es cierto que no somos Pakistán. Pero tampoco somos Suecia. Eso sí: estamos más cerca del primer país mencionado que del segundo. ¿Por qué? Porque, y he aquí la cuestión de fondo, en México reina la impunidad, como ya comentamos. De hecho, los poderes fácticos que sí son tales nos ilustran esta realidad todos los días. Vale aclarar que por poderes fácticos no me refiero nada más al narcotráfico, el cual, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, sigue siendo un poder tal, sino también a otros grupos que igualmente se dedican a minar al Estado: los “viene, viene,” los vendedores ambulantes, los productores y vendedores de piratería, los invasores de terrenos, los que controlan la prostitución infantil y el tráfico de personas, los taxistas pirata, los microbuseros, los revendedores, los gruyeros, los zapatistas, los eperristas, los MPs que se coluden con delincuentes o aceptan sobornos para no hacer su trabajo adecuadamente y todo grupo, sea de la naturaleza que sea, que vive de romper la ley a sabiendas de que no hay autoridad que le haga frente. Esos grupos sí desean, y se benefician de, que México sea un Estado débil, fallido: es su forma de vida.

El problema no es, entonces, la inseguridad sino lo que la ha gestado, es decir, la impunidad y lo que nutre a ésta: la ilegalidad. Todo esto está vinculado a la corrupción, a la endémica debilidad gubernamental que nos caracteriza y a nuestra poca conciencia social y cívica: ante un escenario de ausencia de la ley –no que no haya ley sino que no se le respalda–, muchos optan por destruir al Estado: nuestra cultura y nuestras acciones premian a quien rompe la legalidad. Por eso, hay mexicanos que creemos que nuestro país está en riesgo de deshacerse. Ejemplo de ello es que salimos a la calle con temor, sin saber si volveremos a casa, si hoy será el día en que nos asaltarán, extorsionarán o asesinarán. (Lo que sí sabemos es que, entre otras cosas, no podremos estacionar nuestro auto en la vía pública a menos de que le demos dinero a un mafioso que se hace llamar “franelero” y que, al entrar al metro, sortearemos puestos informales en los que se venden artículos contrabandeados, pirateados y/o robados, es decir, sabemos que aquí la ley vale muy poco, tal vez nada).

¿Y la solución? Comencemos exigiendo que el gobierno, en todos sus niveles, actúe como tal. Paralelamente, urge que la ciudadanía se comporte como una de verdad. ¿Me equivoco? ¿El país no está tan mal? Ojalá: prefiero ser un estúpido catastrofista que atestiguar que México se desmorone. Eso sí: traidor, jamás.