Armando Román Zozaya
Evidentemente, para los trabajadores afectados y sus familias, la decisión de liquidar Luz y Fuerza es un golpe brutal. De hecho, siento empatía hacia ellos, especialmente hacia los que hacían su trabajo con gusto y seriedad. Eso sí: honestamente, mi empatía no es mucha hacia los trabajadores que me trataron con la punta del pie cada vez que acudí a una oficina de LyFC, o cuando llamé a ésta para reportar fallas, o hacia los que, hace unos meses, tardaron días y días en reparar un problema menor ocurrido a las afueras del condominio en el que habito, el cual provocó que no tuviéramos bomba para el agua por 5 días. Debo decir también que mi empatía es simple y sencillamente nula hacia los dirigentes del SME: ellos, ¿de qué se preocupan? ¿De qué se quejan? Mejor que se vayan al rancho del señor Esparza a congratularse, mientras montan algunos de sus hermosos caballos, de que, lamentablemente, en este país la impunidad es la regla, por lo que, al parecer, inclusive si son culpables de algún delito (corrupción y tráfico de plazas laborales, por ejemplo), el gobierno ha decidido no proceder en su contra.
Como decía, comprendo que los trabajadores se sientan angustiados. Por eso mismo, me parece adecuado que se les ofrezcan jugosas liquidaciones y oportunidades laborales en CFE. Se dirá que no es justo, que dichas liquidaciones son muy costosas, que son un privilegio, etcétera. Hasta cierto punto esto es verdad. Sin embargo, no olvidemos que los cambios profundos cuestan. Por ejemplo, en Alemania, hace unos años se modificaron las pensiones, lo que significó que el Estado dejó de respaldarlas totalmente. Para convencer a los sindicatos de que aceptaran esta reforma, el gobierno alemán ofreció hacer contribuciones a las nuevas cuentas privadas de los futuros pensionados, es decir, el gobierno tuvo que hacer un desembolso importante, pero, no lo vio como un costo sino como una inversión. Y eso mismo es lo que hay que pensar en el caso de LyFC: no es un costo; es una inversión.
Lo que no me parece adecuado es que a los trabajadores de las Secretarías de Estado próximas a desaparecer no se les haya ofrecido nada similar a lo que se llevarán los de LyFC: ¿por qué a unos sí y a otros no? No se vale. Tampoco se vale que el presidente Calderón declare que se procedió a cerrar LyFC porque le costaba al erario, provocaba pérdidas de eficiencia y dañaba la creación de empleos sin que, paralelamente, se proceda contra otros sindicatos que, de la misma forma, le cuestan al erario, provocan pérdidas de eficiencia y dañan la creación de empleos. Me refiero, en concreto, al SNTE y al STPRM, por lo menos.
Si la autoridad no procede contra los sindicatos mencionados y no ofrece liquidaciones superiores a lo establecido en la ley a los despedidos de Reforma Agraria, Turismo y Función Pública, estará evidenciando que, si bien el cierre de LyFC era necesario –de hecho, lo aplaudo–, no se llevó a cabo porque ese fuera el caso sino para destruir a un grupo que era un dolor de cabeza para el gobierno. Y se diga lo que se diga, así no es como se construye un mejor país.
