Desde la tribuna

"El México de Felipe y Margarita"

noreply@blogger.com (Armando Román Zozaya) — Wed, 18 Nov 2009 13:49:00 +0000

(Publicado en "Excélsior," el 18 de noviembre de 2009)

Armando Román Zozaya

Hace unos días, la señora Margarita Zavala, primera dama del país, comentó que la impunidad es producto del temor de los ciudadanos a denunciar. También hace unos días, el esposo de la señora Zavala, es decir, el presidente Calderón, declaró que hay que acabar con los monopolios, pues dañan la competitividad. Valen algunos comentarios.

La apreciación de doña Margarita es correcta, pero superficial. Si la gente tiene miedo de denunciar, hay que preguntarnos qué causa este temor, pues ahí radicaría la respuesta última a la impunidad y no en dicho miedo en sí mismo. No hay vuelta de hoja: efectivamente, los ciudadanos no denunciamos porque tenemos miedo a los delincuentes —represalias, venganzas, etcétera—, pero ese miedo es producto de otro temor: el que le tenemos a la autoridad misma, el cual es consecuencia de que no confiamos en quienes nos “protegen”. ¿Cómo no temerle a la policía cuando algunos de sus integrantes colaboran con el crimen organizado? ¿Cómo no dudar de los ministerios públicos cuando es bien sabido que algunos de ellos prefieren mordidas en vez de hacer consignaciones? ¿Cómo confiar en los jueces cuando sabemos que son sobornables o, en su defecto, se dejan intimidar por los criminales? El punto es que no hay certeza de que la autoridad esté de nuestro lado y no del de la delincuencia: ¿es sorprendente que haya mucho miedo y muy pocas denuncias? No dejemos que nos echen toda la culpa de la impunidad que reina en nuestro país: sí tenemos que denunciar, sin embargo también es necesario que la autoridad reconozca que no es fiable y debe trabajar al respecto. Si no lo hace, no tiene, precisamente, autoridad —de ningún tipo— para exigirnos que denunciemos incluso si está claro que es nuestra obligación y deber cívicos. No entender esto implica no comprender lo grave que es la situación de México en el terreno de la seguridad pública y la impartición de justicia.

Con respecto a lo comentado por el señor presidente Calderón, quisiéramos apuntar que estamos de acuerdo en que hay que acabar con los monopolios y, así, mejorar el rendimiento de nuestra economía. Pero los monopolios que dañan a México van más allá de lo económico. De hecho, uno de los más perjudiciales es el que ejercen los partidos políticos sobre los canales de acceso al poder y a la toma de decisiones colectivas. De la misma forma, otro que es muy nocivo es el que está en manos del SNTE, agrupación que tiene influencia desmedida sobre la educación que reciben nuestros niños, los métodos de enseñanza de los maestros, la asignación de plazas, las evaluaciones a los docentes, etcétera. Así, si el Presidente anhela que nuestro país no sufra monopolios, tendrá que trabajar, no sólo con relación a la economía, sino que, además, deberá buscar que los partidos políticos no sean los únicos que puedan postular candidatos a puestos de elección popular. Asimismo, tratará de redefinir el papel del SNTE en el sector educación. Si Felipe Calderón pasa estos dos casos por alto, habrá demostrado que, diga lo que diga, su deseo de liberar a México de yugos monopólicos no es genuino, cosa que sería una lástima: hace falta.

"Paquete fiscal: ¿bendición o burla?"

noreply@blogger.com (Armando Román Zozaya) — Wed, 18 Nov 2009 13:47:00 +0000

(Publicado en "Excélsior, el 4 de noviembre de 2009)

Armando Román Zozaya

No hubo sorpresas: los impuestos aprobados el fin de semana nos confirman que vivimos en un país cuyos gobernantes frecuentemente optan por medidas de corto plazo que no resuelven nada a profundidad. De lo contrario, ¿por qué seguir cargándole la mano a los contribuyentes cautivos? ¿Por qué sólo hacer poco respecto a la economía informal? ¿Por qué aumentar el IVA a 16% en medio de una terrible crisis? ¿Por qué incrementar el ISR que pagamos todos si las grandes empresas, como lo reconoció el mismo presidente Calderón, no cubren todos los impuestos que les corresponden? ¿Por qué seguir financiado los millonarios gastos de los partidos? ¿Por qué seguir pagando a los legisladores jugosos salarios y exorbitantes prestaciones? ¿Por qué no hacer algo respecto al hecho de que los funcionarios públicos de alto nivel, sean federales, estatales o municipales, cobren salarios ofensivos para un país como México, así como aguinaldos que ya quisiera una abrumadora mayoría de nuestros conciudadanos y, por si fuera poco, cuentan con prestaciones como el famoso “fondo de ahorro,” el cual resulta en que, cuando renuncian o los corren, se van de sus puestos con cientos de miles de pesos? ¿Por qué ni una sola palabra sobre el dispendio de los gobernadores a la hora que hay elecciones en su estado? Etcétera.

Lo ocurrido con el tema fiscal no nos permite sino concluir que a nuestra clase política no le interesa construir un mejor México, con expectativas de futuro y donde reine la justicia, especialmente en el terreno de los impuestos. Se dirá que no, que nuestro análisis es inadecuado pues el paquete fiscal refleja la “genuina” preocupación de nuestras autoridades por contar con todo lo que requieren para financiar los servicios que nos brindan: dicho paquete está diseñado pensando en la ciudadanía, ni más ni menos. Y es que, de no haberse aprobado, ¿cómo pagar por la “estupenda” seguridad pública con la que contamos, el “fantástico” sistema de transporte público y el “funcional” y “excelente” drenaje que nos “libra” de inundaciones, por ejemplo?

Caray, ahora que lo pensamos bien, vemos que, efectivamente, somos unos exagerados. Es más, nos arrepentimos de todo lo comentado. Así, con “gusto” pagaremos los nuevos impuestos. Igualmente, “celebramos” que nuestros funcionarios cobren lo que cobran, que las grandes empresas disfruten de exenciones y privilegios fiscales, que la economía informal haga y deshaga y que, por supuesto, nuestros actores políticos hayan sabido superar sus diferencias para darnos un paquete fiscal que ha “rescatado” a México del desastre y lo ha puesto en clara ruta hacia la prosperidad al garantizar que el gobierno siga brindándonos todo lo “bueno” que nos brinda. ¡Qué ingratos, ignorantes y estúpidos somos! ¡Y pensar que hasta llegamos a creer que el paquete fiscal es una burla! ¡Qué bien que ya entendimos que no es eso sino una bendición! ¿Y usted, amigo lector, ya también lo entendió?

"¿Qué sindicato sigue?"

noreply@blogger.com (Armando Román Zozaya) — Thu, 22 Oct 2009 15:35:00 +0000

(Publicado en "Excélsior," el día 21 de octubre de 2009)

Armando Román Zozaya

Evidentemente, para los trabajadores afectados y sus familias, la decisión de liquidar Luz y Fuerza es un golpe brutal. De hecho, siento empatía hacia ellos, especialmente hacia los que hacían su trabajo con gusto y seriedad. Eso sí: honestamente, mi empatía no es mucha hacia los trabajadores que me trataron con la punta del pie cada vez que acudí a una oficina de LyFC, o cuando llamé a ésta para reportar fallas, o hacia los que, hace unos meses, tardaron días y días en reparar un problema menor ocurrido a las afueras del condominio en el que habito, el cual provocó que no tuviéramos bomba para el agua por 5 días. Debo decir también que mi empatía es simple y sencillamente nula hacia los dirigentes del SME: ellos, ¿de qué se preocupan? ¿De qué se quejan? Mejor que se vayan al rancho del señor Esparza a congratularse, mientras montan algunos de sus hermosos caballos, de que, lamentablemente, en este país la impunidad es la regla, por lo que, al parecer, inclusive si son culpables de algún delito (corrupción y tráfico de plazas laborales, por ejemplo), el gobierno ha decidido no proceder en su contra.

Como decía, comprendo que los trabajadores se sientan angustiados. Por eso mismo, me parece adecuado que se les ofrezcan jugosas liquidaciones y oportunidades laborales en CFE. Se dirá que no es justo, que dichas liquidaciones son muy costosas, que son un privilegio, etcétera. Hasta cierto punto esto es verdad. Sin embargo, no olvidemos que los cambios profundos cuestan. Por ejemplo, en Alemania, hace unos años se modificaron las pensiones, lo que significó que el Estado dejó de respaldarlas totalmente. Para convencer a los sindicatos de que aceptaran esta reforma, el gobierno alemán ofreció hacer contribuciones a las nuevas cuentas privadas de los futuros pensionados, es decir, el gobierno tuvo que hacer un desembolso importante, pero, no lo vio como un costo sino como una inversión. Y eso mismo es lo que hay que pensar en el caso de LyFC: no es un costo; es una inversión.

Lo que no me parece adecuado es que a los trabajadores de las Secretarías de Estado próximas a desaparecer no se les haya ofrecido nada similar a lo que se llevarán los de LyFC: ¿por qué a unos sí y a otros no? No se vale. Tampoco se vale que el presidente Calderón declare que se procedió a cerrar LyFC porque le costaba al erario, provocaba pérdidas de eficiencia y dañaba la creación de empleos sin que, paralelamente, se proceda contra otros sindicatos que, de la misma forma, le cuestan al erario, provocan pérdidas de eficiencia y dañan la creación de empleos. Me refiero, en concreto, al SNTE y al STPRM, por lo menos.

Si la autoridad no procede contra los sindicatos mencionados y no ofrece liquidaciones superiores a lo establecido en la ley a los despedidos de Reforma Agraria, Turismo y Función Pública, estará evidenciando que, si bien el cierre de LyFC era necesario –de hecho, lo aplaudo–, no se llevó a cabo porque ese fuera el caso sino para destruir a un grupo que era un dolor de cabeza para el gobierno. Y se diga lo que se diga, así no es como se construye un mejor país.

"¿Hacia un nuevo sindicalismo?"

noreply@blogger.com (Armando Román Zozaya) — Thu, 22 Oct 2009 15:33:00 +0000

(Publicado en "Excélsior," el día 6 de octubre de 2009)

Armando Román Zozaya

Qué bueno que, dado que el proceso electoral registró irregularidades, la Secretaría del Trabajo no reconoció el “triunfo” de Martín Esparza en las recientes elecciones internas del Sindicato Mexicano de Electricistas. No obstante, qué mal que sólo hasta ahora es que nuestras autoridades “se han dado cuenta” de que los sindicatos de nuestro país son lo que son. ¿O acaso nunca antes había habido trampa en unas elecciones sindicales? ¿De veras la autoridad no sabe todavía bien a bien cómo se las gastan nuestros sindicatos en todo terreno y en todos los sentidos?

Evidentemente, aquí no se trata de generalizar pues sabemos que existen sindicatos decentes, que se dedican a cumplir con sus tareas honradamente. Pero es un hecho que algunos de ellos (SME, SNTE, STPRM) se han convertido en cotos de poder que no permiten que nuestro país avance. Claro está que esto no es nada más culpa de dichos sindicatos. De hecho, ellos sólo han sido consecuentes con el contexto en el que se les ha permitido operar: si se les da dinero a montones, no vamos a esperar que se nieguen a recibirlo; si se les da licencia para hacer y deshacer, no es racional que se nieguen a actuar de tal manera, etcétera. En concreto, si los sindicatos de México son como son, es culpa, más que nada, de las autoridades: son éstas las que no les han puesto un alto y, al contrario, les han dado amplios márgenes de maniobra. ¿La ya comentada decisión de la Secretaría del Trabajo representa un rompimiento con el pasado? ¿Por fin la autoridad ha decidido reordenar el sindicalismo mexicano? Por el bien de México, esperemos que así sea.

Vale aclarar que no estamos en contra de los sindicatos en sí mismos. Mucho menos deseamos que desaparezcan. Lo que no apoyamos es que, con base en la “autonomía sindical,” justifiquen la falta de capacidad de sus agremiados y, sobre todo, bloqueen reformas que podrían hacer de México un país mejor y más competitivo pues se da el caso de que, por ejemplo, si se busca una reforma educativa, no sólo el SNTE intenta detenerla sino que otros sindicatos se le unen. Así –aunque no nada más por eso, claro está–, el país no avanza, no va a ningún lado. Aunado a ello, amparados también en la “autonomía,” los sindicatos que reciben dinero público simple y sencillamente no rinden cuentas de lo que hacen con él, cuestión más que inaceptable.

Apoyemos todos, entonces, a la Secretaría del Trabajo. De hecho, esperemos que el miedo a las movilizaciones y reclamos que llevarán a cabo el SME, algunos revoltosos y aquellos que “pondrán sus barbas a remojar,” quienes seguramente se unirán al ya mencionado SME, no impida que, de una buena vez, las autoridades –aquí se incluye a los legisladores– no sólo pongan fin a las turbias maniobras de dicho sindicato sino que también reglamenten, para bien del país, la vida interna de todos los sindicatos. En concreto, urge que esto quede claro: autonomía no significa impunidad. Una vez que esto haya sido plenamente entendido y enmarcado en la ley, lo demás será más fácil. A ver, pues, qué sucede.

"El paquete fiscal y la credibilidad"

noreply@blogger.com (Armando Román Zozaya) — Thu, 22 Oct 2009 15:31:00 +0000

(Publicado en Excélsior, el día 23 de sept. de 2009)

Armando Román Zozaya

Según el Presidente Calderón, de no aprobarse su paquete fiscal, no habrá vacunas contra la influenza AH1N1. Además, condenaremos a “una generación de mexicanos al hambre”. ¿De veras será esto atribuible a la ciudadanía? Y es que ahora resulta que el boquete presupuestal tiene que ser cubierto por los ciudadanos y, si no lo hacemos, será responsabilidad nuestra que México se desplome. Muy bien: ni modo. Lo que no está claro es que, en los hechos, la ciudadanía sea la responsable de lo ocurrido; nosotros no fuimos quienes minimizamos la crisis que comenzó en Estados Unidos. Tampoco somos nosotros quienes no hemos sabido concretar las reformas de fondo que el país requiere, por ejemplo la energética y la fiscal, cuestión que ha resultado en que nuestras autoridades no cuentan con ingresos tributarios suficientes y en que el petróleo se acaba, lo que significa que, ahora que sería útil hacerlo, no nos podemos endeudar: hacia el futuro, no tenemos con qué pagar. Lo enfatizamos: no tenemos con qué pagar porque en México no se recauda lo suficiente y el petróleo se está agotando. ¿Esto es culpa de la ciudadanía o de quienes no saben o no pueden cobrar impuestos? ¿Es responsabilidad de todos los mexicanos o de quienes, ante un escenario más que previsible en el terreno petrolero, no han querido, no han podido o no han sabido cómo remediar la situación? ¿Es culpa nuestra o de quienes se dedican a despilfarrar los recursos del país?

Es increíble que, en recesión, y después de que se nos ha dicho hasta el cansancio que nuestras finanzas públicas están “sanas,” no nos podamos endeudar, lo que evitaría que, en el corto plazo, haya más impuestos, los cuales provocarán que nuestra economía, ya de por sí en el suelo, cargue una pesada loza. Y todo porque nuestras autoridades no saben lograr acuerdos positivos para el país. Así, que no nos echen la culpa: la responsabilidad es de quienes nos gobiernan y de quienes constituyen la oposición. Son ellos quienes no han hecho lo suficiente por fortalecer nuestra competitividad, situación que nos ayudaría a hacer frente a crisis como la actual. Por ejemplo, es la clase política la que tolera empresas paraestatales sumamente dañinas, sindicatos que sólo ven por sí mismos, un sistema educativo patético y una vergonzosa falta de Estado de Derecho. Nosotros padecemos esto, lo denunciamos, exigimos cambios, etcétera; ellos, los políticos, hacen poco al respecto.

Señor Presidente y señores de la clase política: el debate fiscal no es nada más técnico; es también sobre credibilidad. Si quieren nuestro apoyo, se los daremos; sí somos solidarios, aunque ustedes piensen lo contrario, pero, ¡trabajen más y mejor! Asimismo, ¡garanticen que lo que acuerden será benéfico para el país y se hará realmente como nos lo dicen! Además, ya basta de prácticas que resultan en costos para México, en todos los sentidos, y en que muy pocos ciudadanos le crean a la autoridad. Si quieren más impuestos, necesitamos confiar en ustedes. Eso se logra trabajando en serio: ¡por ahí empiecen!

"México: a tapar el pozo"

noreply@blogger.com (Armando Román Zozaya) — Wed, 09 Sep 2009 15:18:00 +0000

(Publicado en "Excélsior," el 9 de septiembre de 2009)

Armando Román Zozaya

Muchos lo dijimos hasta el cansancio: México está mal y, de no hacer algo, empeorará. Ante esto, el presidente Calderón respondió calificándonos de “catastrofistas” y acusándonos de “hablar mal de México”. Evidentemente, sí hay quienes se expresan mal de México con fines destructivos y, en concreto, con la intención de debilitar a la administración calderonista para obtener rentas políticas. Pero también hay quienes criticamos porque amamos al país, deseamos que el futuro sea mejor que el presente y nos desesperamos ante la poca capacidad de respuesta, del gobierno y de la sociedad, frente a los retos que encaramos.

En todo caso, qué bueno que el señor Calderón ya entendió que necesitamos cambiar a fondo, que se nos están acabando los recursos y el tiempo. De la misma manera, qué bien que haya hecho un llamado para que todos colaboremos en la transformación que el país exige. Sin embargo, qué mal que haya dejado pasar tres años de su gobierno para intentar concretar, en serio, las reformas que México requiere. De hecho, lo que el presidente nos pide es que, dado que ya se ahogó el niño, mejor tapemos el pozo. Claro está que, el que se nos haya ahogado el niño, no es responsabilidad nada más del presidente, ni de su partido. La responsabilidad es también del PRI, del PRD, de los demás partidos, de los sindicatos, de los empresarios, de las autoridades estatales, municipales y judiciales, de los legisladores y, por supuesto, de toda la ciudadanía: como país, llevamos décadas tratando de tapar el sol con un dedo, no atendiendo los problemas a fondo. Por eso se ahogó el niño. Y sí, ahora, tapemos el pozo; construyamos un mejor México.

¿Quién es el niño ahogado? El niño ahogado representa a los 50 millones de mexicanos a los que, como sociedad, no les hemos dado oportunidades. Encarna también a quienes no cuentan con servicios de salud y son educados por “maestros” de bajo nivel. El niño que hemos perdido es el que nos roba la delincuencia cada vez que mata, viola, secuestra, etcétera. Es el niño que está en el pozo porque, por si fuera poco, nos estamos acabando nuestros ríos y lagos. Es más, si no hacemos nada al respecto, en unos años el niño en cuestión ya no tendrá agua y, entonces sí, verá culminar su vida en una catástrofe.

En fin: son tantos los problemas y todos son profundos. Por eso no entendemos por qué el gobierno desperdició los tres últimos años. Pero bueno, por lo menos ya se reconoció la gravedad de nuestra situación. Ahora, como decíamos, tapemos el pozo. A los que ya cayeron en él, a esos mexicanos que han sido presa de todo lo malo que hay en nuestro país, pidámosles una disculpa, expliquémosles que vamos actuar –e invitémoslos y equipémoslos con el fin de que se nos unan– para mejorar las cosas y, sobre todo, para legar un mejor país a las generaciones que vienen detrás de nosotros.

En primera instancia, apoyemos el llamado del presidente. En segundo lugar, ya no más foros que no conducen a nada; sí hay que dialogar, pero, no como se ha hecho en el pasado, es decir, sin resultados concretos. En tercer término, presionemos a los legisladores, jueces, policías, etcétera, para que actúen con seriedad. En cuarto lugar, urge que mostremos verdadera solidaridad. Por ejemplo, entre otras cosas, hay que pagar nuestros impuestos, colaborar con asociaciones de la sociedad civil que, por mencionar un caso, ayudan a niños de la calle y, claro está, exigir a las autoridades que den destino eficiente y productivo a los pesos que de nosotros reciben.

Aunado a lo anterior, es apremiante que entendamos que los cambios que necesitamos nos van a costar. Es especialmente importante internalizar que dichos cambios pueden resultar en que perdamos algo, ya sean prestaciones, derechos, parte de nuestros ingresos o, inclusive, de todo un poco. Sin embargo, veámoslo no como una pérdida sino como una inversión: si no nos deshacemos de los monopolios que nos aquejan, si no modificamos los sindicatos que nada más estorban, si no pagamos más impuestos y los utilizamos sabiamente, si no reformamos el sector energético a fondo, si no logramos que la educación pública, en todos los niveles, sea de calidad, etcétera, no vamos a salir adelante. Y sí, todo esto conlleva enfrentar grupos de poder, atacar intereses y provocar conflicto. Pero, de lo contrario, el pozo seguirá abierto y quién sabe cuántos mexicanos más terminemos cayendo en él. En esas circunstancias, sólo restaría decir “adiós al futuro”. Por todos nosotros y, especialmente, por nuestros hijos, no nos podemos permitir alcanzar una situación así: ya basta.

"Hablar bien de México"

noreply@blogger.com (Armando Román Zozaya) — Wed, 09 Sep 2009 15:17:00 +0000

(Publicado en "Excélsior," el 26 de agosto de 2009)

Armando Román Zozaya

Dice el Presidente Calderón que muchos hablan mal de México. Esto resulta en que la imagen del país en el exterior es muy mala. No es la primera vez que el Presidente reclama a aquellos que señalan nuestras carencias y limitaciones. En concreto, en febrero pasado, a quienes piensan que estamos mal, el Presidente les llamó “catastrofistas” que se dedican a “deliberadamente falsear, dividir o enconar”. De esto se desprenden dos cuestiones preocupantes: 1) un Presidente autoritario, y 2) una alarmante incapacidad de parte de el Presidente mismo, y de su equipo, para darse cuenta de qué país gobiernan.

Si la imagen de México en el exterior es mala porque hay quienes eso comentan, lo que hay que hacer para cambiar dicha imagen es, simplemente, callar tales voces: a partir de ahora, hablemos bien de México. Y ya está; no es necesario resolver ninguno de nuestros problemas. Por ejemplo, en vez de destacar que 20 millones de mexicanos no tienen ni siquiera para comer, hay que resaltar que un pequeño porcentaje de la población cuenta con una enorme cantidad de recursos: las oportunidades de negocios son evidentes. Otro ejemplo: en vez de quejarnos y pedirle a las autoridades que hagan algo respecto a los cotidianos secuestros y asaltos, mejor subrayemos que, al menos en la Ciudad de México, en invierno patinamos en una enorme pista de hielo mientras que, en verano, disfrutamos de playas artificiales. Uno más: en vez de exigir y reclamar porque vivimos sumidos en redes de corrupción y extorsión en las que están involucrados quienes se suponen nos deberían proteger, mejor celebremos que somos un país al que le va tan bien que hasta nos damos el lujo –es un premio bien merecido, por su estupenda y digna labor– de que nuestros legisladores ganen una fortuna, disfruten de maravillosas prestaciones y hasta se queden con el dinero correspondiente a viajes por avión que no hayan utilizado mientras ocuparon sus cargos. Otro más: no exijamos justicia por la muerte de 50 niños en una guardería; mejor celebremos que, en términos reales, los ministros de la Suprema Corte de Justicia son probablemente los funcionarios públicos mejores pagados del mundo, cuestión que refleja que en nuestro país la justicia funciona perfectamente. Y un último: no nos fijemos en que la Presidenta Vitalicia del Sindicato de Trabajadores de la Educación no sabe leer adecuadamente y ni siquiera se entera de lo que ocurre en el país. Tampoco notemos que 75% de los maestros que acaban de concursar por una plaza reprobaron el examen. Mejor destaquemos que, en México, los salarios son más bajos que en otros países, lo que ayuda a atraer inversionistas extranjeros. Del hecho de que el nivel salarial sea bajo porque la productividad es poca y esto ocurra porque nuestro sistema educativo es patético, no digamos nada; no seamos aguafiestas.

Si hacemos lo anterior, los inversionistas de otros países, los turistas, los gobiernos de otras naciones, las empresas transnacionales, los organismos internacionales, las ONGs también internacionales y cualquier persona, sabrán que México es un país donde la gente se siente segura, donde se invierte y produce sin problemas. Una vez que la imagen del país haya cambiado, todo será diferente: ya no habrá secuestros, ni violaciones, ni trata de personas, ni robo de menores, ni funcionarios corruptos, ni legisladores inútiles, ni partidos políticos que nada más estorban, ni sindicatos que no permiten la modernización de la educación y de la economía, ni una empresa petrolera que antes era líder en su ramo y ahora está cerca de quebrar, ni finanzas públicas en crisis estructural porque dependen desde hace mucho tiempo de dicha empresa, ni nada malo. Lo mejor de todo es que nuestros problemas se habrán solucionado, literalmente, de un plumazo, sin hacer nada de fondo al respecto, sin esfuerzo alguno.

Caray: ¡qué brutos son quienes piensan que el país está mal! Mejor que no se alarmen, que ya no mientan deliberadamente, que ya no enconen ni dividan; que hablen bien de México y disfruten del país en el que viven el señor Calderón y sus colaboradores. Si Usted insiste, amigo lector, en que las cosas no están bien, no se apure: el presidente Calderón le hará ver que es Usted un catastrofista, un psicótico, y le quitará la venda de los ojos. Pero no porque sea autoritario y lo quiera obligar a ver el país que él ve, sino porque le está haciendo el favor de aclararle la visión: no sea Usted, pues, malagradecido y, como comentábamos, a partir de ya, hable bien de México: en eso, y no en la solución real de nuestros problemas, radica la ruta a un país mejor: obvio.

"¿Dónde está la renuncia de Ebrard?"

noreply@blogger.com (Armando Román Zozaya) — Wed, 09 Sep 2009 15:16:00 +0000

(Publicado en "Excélsior," el 12 de agosto de 2009)

Armando Román Zozaya

“Yo sí te tomo la palabra, Alejandro”. Así respondió Marcelo Ebrard al reto lanzado a las autoridades por el empresario Alejandro Martí quien, deshecho por el asesinato de su hijo, exigió a quienes nos gobiernan: “si no pueden, ¡renuncien!”. Y resulta que el señor Ebrard no puede. Por lo tanto, debe renunciar; eso prometió: ¡que cumpla!

La incapacidad del gobierno de Marcelo Ebrard en términos de aplicación de la ley es evidente. Lo peor –hasta parece burla– es que, en conjunción con la Asamblea del Distrito Federal, dominada por el PRD, don Marcelo tiene una fascinación por producir leyes y reglamentos supuestamente de vanguardia pero que, en los hechos, no sirven de nada pues no se trata nada más de hacer leyes sino de respaldarlas. Y es especialmente en ese terreno donde, como decíamos, la administración Ebrard ha fallado rotundamente.

Recordemos, por ejemplo, el actual reglamento de tránsito, del cual se nos dijo, cuando entró en vigor, que constituía un avance respecto al anterior, que ahora sí tendríamos orden en las calles, etcétera. ¿Qué pasó? Que hasta los policías lo infringen. ¿Y qué ha hecho el gobierno de Ebrard al respecto? Nada. Va otro ejemplo: la prohibición de fumar en espacios cerrados. Buena idea, sí, pero resulta que sobran los antros donde se fuma a todas horas y nadie aplica la ley. Un ejemplo más: el retiro de los comerciantes ambulantes del primer cuadro del Centro Histórico de la ciudad. Por unas semanas, los ambulantes, efectivamente, se fueron, pero ya volvieron. ¿Quién los quita, quién hace valer la ley? Nadie. Un caso más: la introducción de autobuses en Avenida Reforma con el fin de sustituir a los microbuses que ahí brindaban sus servicios. ¿Qué ha pasado con esto? Que se suponía que los microbuses ya no podrían circular sobre dicha avenida, pero, ahí siguen. Así, automovilistas y peatones nos vemos ahora obligados a lidiar no nada más con esas “linduras” que son los microbuses sino que también tenemos que aprender a “convivir” con los nuevos autobuses, los cuales, dicho sea de paso, son conducidos tan mal, o peor, que los micros. ¿Y quién multa a los microbuses que circulan sobre Reforma cuando ya no deberían hacerlo? ¿Quién los remueve de la calle? Nadie.

Pero si bien es preocupante, lo anterior no es lo más grave. Lo que es de dar miedo es que, por mencionar otro ejemplo, en diversas rutas de microbuses, particularmente en Iztapalapa y Tláhuac, los usuarios son asaltados frecuentemente. Asimismo, en la Colonia del Valle, delegación Benito Juárez, sobran los asaltos y los robos. Es más, habitantes de dicha delegación ya hasta están promoviendo que se les permita portar armas para defenderse de la delincuencia (¿hasta dónde hemos llegado, caray?). De la misma manera, en general, en la ciudad no paran los secuestros, ni las extorsiones, ni los cristalazos, ni los ataques de naturaleza sexual a usuarias de taxis, etcétera.

Por si eso fuera poco, cuando el gobierno de Ebrard anunció que, por fin, capturó a un grupo de secuestradores, en concreto, a la banda de plagiarios que secuestró y asesinó al joven Fernando Martí, hijo del ya mencionado Alejandro Martí, resultó que no está del todo claro que sí haya sido esa banda la que cometió los crímenes. De hecho, las autoridades federales presentaron al asesino confeso del joven Fernando, quien negó conocer a quienes fueron acusados por la administración capitalina. El gobierno de Ebrard sostiene que lo que ocurre es que el grupo delictivo en cuestión está dividido en varias células y que, por eso, la autoridad federal dice una cosa y la del Distrito Federal otra. Pero el punto es que, aunque sí detuvo a delincuentes de peligrosidad, el gobierno encabezado por Ebrard no capturó a los que buscaba, es decir, no resolvió satisfactoriamente el caso Martí.

Está claro, entonces, que Ebrard no puede con su trabajo. Así, si tiene palabra, presentará su renuncia. Por supuesto, no sólo él debería hacer lo anterior: nuestros funcionarios, en todos los niveles, simple y sencillamente no cumplen con su trabajo; muchos gobernadores, alcaldes, legisladores, jueces, ministerios públicos, etcétera, tendrían que renunciar. Tal vez hasta el mismo Presidente de la República debería irse pues, si bien hace esfuerzos por luchar contra la delincuencia, es evidente que ésta sigue haciendo de las suyas en todo el país. Sí, es trágico, lamentable y preocupante, pero es verdad: las autoridades no pueden. Sin embargo, sólo Ebrard lo dijo abiertamente: “yo sí te tomo la palabra, Alejandro”. A ver, pues, para cuándo.

"Desamparados"

noreply@blogger.com (Armando Román Zozaya) — Wed, 09 Sep 2009 15:14:00 +0000

(Publicado en "Excélsior," el 15 de julio de 2009)

Armando Román Zozaya

Ni pueden ni renuncian; así están las autoridades mexicanas. Ah, pero eso sí, no dejan de decirnos que la ciudadanía debe cooperar en la lucha contra la delincuencia. En concreto, se nos indica que tenemos que denunciar. Muy bien: eso es lo que nos corresponde; es nuestra obligación como ciudadanos. Pero, ¿para qué? ¿Para que luego, como le ocurrió al señor Benjamín Le Baron, en Chihuahua, los delincuentes nos saquen de nuestra propia casa para torturarnos y asesinarnos? ¿Para que luego uno mismo tenga que conducir las investigaciones del secuestro de su hijo, como lo tuvo que hacer la señora Isabel Miranda de Wallace? ¿Para que luego no se sepa nada de los asesinos del hijo de uno, como le ocurre a la familia de Alfonso Belmar, asesinado en el viaducto del D.F. hace tres años? ¿Para que luego los dueños de la guardería en la que nuestros hijos murieron calcinados escapen del país en las narices de la autoridad? Digámoslo de manera sencilla: en México, uno llama a la policía y ésta, en gran número de ocasiones, ni siquiera se aparece. Igualmente, las corporaciones policíacas son intervenidas por el ejército, como ha ocurrido en Morelos y Nuevo León, porque sus miembros están coludidos con la delincuencia. ¿Y así quieren que denunciemos, que confiemos en la autoridad?

Dicho sea de paso, si de denunciar se trata, ¿qué espera el señor Presidente de la República para denunciar a los “gobernantes del pasado” que permitieron el crecimiento del narcotráfico? Lo preguntamos porque, frecuentemente, Felipe Calderón enfatiza que el poder del crimen organizado no es culpa de su gobierno sino de los de antes. De acuerdo: ¿quiénes son esos “gobernantes del pasado”? ¿Por qué no los denuncia el señor Presidente? ¿Por qué no cumple con su obligación ciudadana?

¿Y qué decir de los señores legisladores? Todavía no concluye formalmente la legislatura para la que fueron electos pero los diputados federales ya vaciaron sus oficinas. Igualmente, un buen número de ellos abandonó el cargo hace meses para buscar otra posición desde la cual seguir ordeñando el erario. Eso sí, cada uno de los diputados recibirá más de un millón de pesos a manera de despedida. Asimismo, según información publicada por El Universal, el seguro médico para ellos y sus familiares (un total de 2842 individuos) costó, durante los tres años que duró la actual legislatura, 155 millones de pesos: casi 60 mil pesos por persona (los diputados reciben también 50 mil pesos anuales para cubrir gastos por medicamentos y dentista). Mientras tanto, más de la mitad de los mexicanos no tiene acceso a servicio médico alguno. Y quienes sí lo tienen, sufren de las insuficiencias, deficiencias y negligencias del ISSSTE y del IMSS. Lo peor: los diputados no lograron siquiera un acuerdo significativo, verdaderamente importante, para la vida del país. Por ejemplo, la supuesta reforma fiscal no es tal, la electoral ya está siendo cuestionada y el sector energético todavía espera los cambios profundos que necesita.

Por su parte, los ministros de la Suprema Corte –los servidores públicos mejores pagados del país y, probablemente, del planeta– toman vacaciones justo cuando los padres de los niños fallecidos en el incendio registrado en la infame guardería ABC, en Hermosillo, esperaban que dicha corte nombrara una comisión que investigue el caso. Claro está que los señores ministros ya aclararon que se fueron de vacaciones porque así lo marca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y la ley debe ser respetada. Faltaba más.

Los gobernadores dejan también mucho que desear. Ahí está, por ejemplo, el señor Bours, quien, si tuviera dignidad, ya habría renunciado por el asunto de la mencionada guardería ABC. Lo mismo vale para Leonel Godoy pues, en Michoacán, el poder de las mafias es tal que le disputan el control de la entidad al gobierno estatal. Igualmente, todavía nos preguntamos por qué Mario Marín, gobernador de Puebla, sigue ejerciendo tal cargo: la infame y famosa conversación entre él y Kamel Nacif debería haber provocado no sólo la renuncia del interfecto sino hasta, tal vez, su encarcelamiento.

El punto es que la ciudadanía está desamparada. De hecho, desde los franeleros hasta los secuestradores hacen lo que quieren; no hay quien les ponga un alto; las autoridades tienen otras prioridades e intereses. Eso sí, con nuestros impuestos, los servidores públicos viven…y bien. Pero Usted, amigo lector, sea un buen ciudadano: ¡denuncie! ¿Qué no ve que la delincuencia hace y deshace porque no denunciamos? ¡Vaya ceguera la que Usted padece, caray!

"El transporte público en el Distrito Federal"

noreply@blogger.com (Armando Román Zozaya) — Wed, 09 Sep 2009 15:11:00 +0000

(Publicado en "Excélsior," el 1 de julio de 2009)

Armando Román Zozaya

En esta ocasión, amigo lector, deseaba escribir de nuevo a favor del voto nulo, pero, ya otras plumas han expresado con gran tino por qué dicho voto es útil y necesario. Así, y tomando en cuenta que estamos en época electoral, dedicaré el presente espacio al transporte en el Distrito Federal, un tema crucial para la vida de la ciudad. De hecho, si los políticos no quieren un movimiento anulista y en verdad anhelan trabajar a favor de la sociedad, bien harían en dedicarle un poco de tiempo a los problemas que padece el sistema de transporte de la capital.

Lo primero que hay que resaltar es que, en el D.F., tomar un microbús es peligroso pues, además de que es común que sean asaltados, los choferes manejan pésimamente: entre la música a todo volumen, la chica que llevan a un costado y el estar cobrando, su cabeza está en todo menos en lo que debería. Aunado a ello, los interiores de los micros son pequeños pero, eso sí, no hay uno que no vaya repleto. Además, el pasaje es dejado lejos de las banquetas, lo que expone a los viajeros a ser golpeados por algún otro vehículo. Y, por supuesto, no olvidemos las carreritas entre los microbuses mismos: un auténtico riesgo para usuarios, peatones, etcétera.

Los microbuses son insalubres: el ruido que emana de sus estéreos, y de sus propios motores, es extenuante. Paralelamente, cuando se está en la “base” esperando un micro, es inevitable respirar cualquier cantidad de desechos tóxicos. Por eso es que, desde antes de la crisis de la influenza, hay personas que portan cubrebocas al deambular por las calles y, por supuesto, cuando esperan un microbús.

Por si eso fuera poco, el micro promedio es más que ineficiente: se detiene cada 10 metros, lo que agudiza el tráfico e incrementa el consumo de combustible de todos los vehículos. De igual forma, a los microbuseros les fascina rebasarse unos a otros en espacios muy reducidos. Por ejemplo, nunca falta el que, ya estando cerca de la “base,” rebasa al de enfrente nada más para avanzar unos metros y volver a detenerse justo delante del micro que acaba de rodear. Y luego otro más hace lo mismo, y luego otro: ninguno de ellos es capaz de esperar un poco para moverse. El resultado es que, ahí donde hay “bases,” hay también congestión vehicular masiva pues, entre tanto rebase, los micros terminan ocupando, por lo menos, dos carriles en vez de uno.

Del Metro sólo digamos una cosa: su servicio es tan útil como es malo, es decir, es parte vital del sistema de transporte de la ciudad, sí, pero no es suficiente. Además, hay robos en los andenes y en los vagones. Asimismo, sobran vendedores ambulantes y hasta es común que se den casos de abuso sexual dentro de sus instalaciones: urge, pues, renovar el Metro en todos los aspectos.

El metrobús es otra historia: es de lo mejorcito que hay. Sin embargo, sufre de un problema claro: es insuficiente. Por eso, incluso fuera de horas pico, va lleno. De igual forma, no hay muchas máquinas para recargar las tarjetas con las que se paga el servicio, lo que resulta en largas filas para hacerlo. Pero con todo y eso, el metrobús evidencia que no tenemos que sufrir a los micros. Igualmente, deja claro que sí es posible establecer una cultura de paradas preasignadas, lo cual nos hace una falta terrible. De esta manera, esperemos que el metrobús –me refiero a todas sus líneas– marque de verdad el comienzo de una nueva organización del transporte público en la ciudad.

Para terminar, quisiera enfatizar que no es sorprendente que nadie quiera dejar de utilizar su coche. Tampoco es sorpresa que, año con año, más y más autos circulan en la ciudad. Se trata de un fenómeno cuya explicación es obvia: el transporte público del D.F. deja mucho que desear; lo racional es evitarlo y sólo recurrir a él cuando no hay de otra. No obstante, si queremos combatir la contaminación ambiental, no pasar tanto tiempo en el tráfico, reducir nuestros niveles de estrés y, en general, disfrutar de un mejor nivel de vida, tenemos que crear incentivos para que el coche sea nuestra última opción y no la que más nos gusta. Para lograrlo, es necesario, por lo menos, deshacernos de los micros, mejorar el metrobús e introducirlo ahí donde sea posible, desarrollar trenes que unan a la ciudad con sus múltiples suburbios y modernizar el Metro.

Todo eso tomará tiempo, pero, si no empezamos ya, nos vamos a arrepentir. Además, en todo caso, mientras arreglamos lo que hay que solucionar, sí podemos hacer algo de impacto inmediato y positivo: respetemos el reglamente de tránsito y exijamos que las autoridades lo hagan valer. A ver para cuándo.

"A favor del voto nulo"

noreply@blogger.com (Armando Román Zozaya) — Fri, 19 Jun 2009 01:55:00 +0000

(Publicado en "Excélsior," el día 17 de junio de 2009)

Armando Román Zozaya

El voto nulo no sólo es legal y democrático; es necesario, especialmente en el México de hoy. De hecho, al contrario de lo que argumenta Germán Martínez, presidente del PAN, en un artículo publicado en El Universal, dicho voto no pretende minar a la democracia misma; busca fortalecerla. Y es que no se trata nada más de repudiar a la clase política sino de demandarle seriedad. De igual manera, no estamos ante un “anulas y te vas” sino ante un “anulamos, exigimos, nos quedamos y, si siguen igual, volvemos a anular”. En otras palabras, el voto nulo pretende orientar el hartazgo ciudadano, provocado por los políticos, partidos, funcionarios, etcétera, en dirección de una manera diferente de votar: antes, los políticos ofrecían y nosotros decidíamos; ahora, nos hemos adelantado y ya decidimos que, si quieren nuestro voto, no bastan las promesas: exigimos hechos concretos. Una vez que dichos hechos sean, en el futuro votaremos por quienes nos hayan escuchado; les premiaremos: la democracia se habrá robustecido.

Se dirá que no, que el voto nulo es indeseable porque “no genera ningún tipo de mandato” ni “representantes encargados de promover las reformas” que el país necesita. De hecho, es “un mensaje en una botella, sin destinatario ni remitente” y, por lo tanto, “puede terminar siendo un voto a favor del statu quo,” argumentos expresados por uno de los Consejeros del IFE, Benito Nacif, por medio de un par de contribuciones publicadas en nuestro Excélsior. Sin embargo, es evidente que el voto nulo sí tiene destinatario y remitente: el mensaje es para la clase política; el remitente es una buena parte del electorado. Es igualmente obvio que anular el voto sí conlleva un mandato puesto que no votar por nadie equivale a hacer explícito que ninguna opción es convincente. Así, el mandato es: “¡convénceme!”. Para ello, es necesario que los políticos ya no sean lo que son, no operen como operan y entreguen resultados concretos.

Lo que deseamos quienes estamos a favor de la anulación es, pues, que nuestros políticos sean serios. Quien no entienda esto, no ha entendido nada, es decir, no ha comprendido por qué muchos mexicanos estamos hartos de quienes, por décadas, se han burlado de nosotros, han utilizado nuestros impuestos inadecuadamente y nunca han rendido cuentas de verdad, entre otras cosas. De esta manera, el voto nulo no tiene por qué coadyuvar a mantener el status quo sino todo lo contrario: es una exigencia de cambio. Pero claro está que, si los partidos optan por ignorar dicho voto y todo lo que conlleva, entonces sí seguirá el status quo. No obstante, este no es un problema asociado a la anulación sino al hecho de que los políticos no hacen caso al electorado inclusive cuando sí reciben su apoyo, es decir, es un problema provocado porque, una vez que han pasado las elecciones, los partidos “olvidan” sus promesas de campaña. Dicho de otra manera, ya nos cansamos de votar por algún partido en concreto para que luego no cumpla lo prometido, es decir, para que el status quo continúe. Así, mejor no votamos por nadie y, de esta manera, gritamos a los cuatro vientos que estamos hartos de cómo se hace política en México. Si los destinatarios optan por no escucharnos, habrán demostrado que tuvimos razón al anular: no les importa lo que los electores les piden (en este caso, seriedad y responsabilidad). Eso sí: si siguen sin hacer caso, seguiremos sin votar por partido alguno; no nos callaremos.

Por supuesto, como ya hemos dejado ver, no se trata nada más de anular y ya: es necesario que, quienes no creemos en ningún partido, nos organicemos y exijamos un día sí y el otro también que la clase política cumpla con sus obligaciones. En segundo lugar, es indispensable que concretemos una agenda de reformas y busquemos su implementación. Y si los políticos no reaccionan, de nuevo anulemos y continuemos exigiendo. Igualmente, si se nos achaca el debilitar a la democracia, respondamos que estamos a favor del voto y los partidos, aunque no a favor de ninguno de nuestros partidos específicamente. Si se nos acusa, como lo hace Germán Martínez en el texto ya mencionado, de buscar el colapso del gobierno federal o del país mismo, respondamos que precisamente por miopes y sectarios –¿anular el voto equivale a anhelar que el país se colapse?– los políticos nos tienen cansados. Y si se nos recrimina que no contamos con propuestas concretas, contestemos que, por lo pronto, tenemos una: ¡no más política a la mexicana! Si lográramos esto, la ruta estará abierta para seguir adelante: ¡ojalá!

"Gobernadores: impunidad total"

noreply@blogger.com (Armando Román Zozaya) — Fri, 19 Jun 2009 01:54:00 +0000

(Publicado en "Excélsior," el día 3 de junio de 2009)

Armando Román Zozaya

Tal vez se trate de una casualidad, sin embargo, llama la atención que los gobernadores de México nunca son responsables ante la ley –y sólo algunas veces lo son políticamente– de lo que ocurre en los estados que gobiernan. Eso sí, los secretarios, subsecretarios, etcétera, que trabajan con ellos terminan pagando los platos rotos –legal y/o políticamente– cuando así lo exigen las circunstancias.

Ejemplos sobran: en el D.F., la policía provoca la muerte de varios jóvenes en un antro y el Secretario de Seguridad Pública, no el Jefe de Gobierno, presenta su renuncia. Algo similar ocurrió cuando cierto Secretario de Finanzas pasaba su tiempo en Las Vegas: a su jefe nunca se le atribuyó responsabilidad alguna al respecto. ¿Y qué decir de la reciente fuga de reos en Zacatecas, ante la cual, la gobernadora del estado no sólo no renunció sino que ni una disculpa ofreció a sus gobernados? Lo mismo vale para el actual mandatario de Michoacán: en vez de preocuparse por el hecho de que estaba rodeado de colaboradores probablemente vinculados al crimen organizado, se ha dedicado a quejarse de que el gobierno federal no le avisó del operativo que ya todos conocemos. Quien no se ha quejado de que no le avisaron de un operativo similar es el gobernador de Morelos. Sin embargo, anda tan campante que pareciera que no fue en su estado donde altos funcionarios fueron detenidos por brindar protección al crimen organizado. Y no olvidemos el infame caso del gobernador de Puebla, quien no ha rendido cuentas todavía respecto a sus vínculos con probables pederastas. Etcétera.

Se dirá que, en cada uno de los casos mencionados, se le ha atribuido responsabilidad a quien correspondía, es decir, lo ocurrido no ameritaba que los gobernadores en cuestión presentaran su renuncia, fueran investigados, etcétera. No estamos de acuerdo: si yo soy gobernador y mi secretario de seguridad pública es detenido por posibles nexos con el narcotráfico, tengo que, por lo menos, dar una explicación puesto que, si no estaba enterado al respecto, soy un incompetente, y si sí lo estaba y no hice nada, soy un corrupto. Igualmente, si soy gobernador y 53 reos escapan de un penal bajo mi jurisdicción sin que nadie los vea, nadie los oiga, no me queda más que admitir que no sé qué está pasando en mi estado, tampoco sé de quién estoy rodeado y mucho menos soy capaz de garantizar seguridad a la ciudadanía, tarea mínima que debe cumplir la autoridad. En otras palabras, soy un incompetente. Y si sí sé de quién estoy rodeado, etcétera, y no actúo al respecto, soy un corrupto. De la misma forma, si yo gobierno un estado y doy “coscorrones” a periodistas que le resultan incómodos a mis amigos, quienes, además, están bajo sospecha de pedofilia, lo mínimo que se esperaría de mí es mi renuncia. Lo mismo vale si soy Jefe de Gobierno del D.F. y mi secretario de finanzas se la vive en Las Vegas o la policía de la ciudad provoca la muerte de varios adolescentes.

Lo peor es que el propio gobierno federal asume que los gobernadores de este país dejan mucho que desear. De hecho, no haberle avisado a Leonel Godoy, mandatario de Michoacán, sobre el operativo que tendría lugar en dicho estado implica que, para las autoridades federales, Godoy o es un corrupto o es un incompetente: si le avisaban, los sospechosos se enterarían de que irían por ellos, ya sea porque Godoy es parte de la red de corrupción y levantaría la voz de alerta o, en todo caso, al no saber quiénes son los corruptos, podría advertirles sobre el operativo de manera no intencional (es un incompetente).

Pero insistamos: lo “curioso” es que todas las responsabilidades se detienen en la puerta de las oficinas de los gobernadores: simple y sencillamente, éstos están libres de toda rendición de cuentas y de toda culpa, pase lo que pase. ¿Será, como decíamos hace unos párrafos, casualidad? ¿O tal vez se trate de complicidad, una especie de pacto, entre los partidos políticos (no tumben a los gobernadores de nuestro partido y no tumbaremos a los del suyo)? ¿Nuestro marco legal, a propósito o por omisión, protege a los gobernadores, es decir, dificulta el atribuirles responsabilidades? ¿Se trata simplemente de cinismo rampante, tanto de los gobernadores mismos como de las autoridades federales, las cuales optan por no ir tras los mandatarios estatales incluso cuando hay elementos para hacerlo?

Sea lo que sea, una cosa está clara: al menos varios de los gobernadores de México son incompetentes y/o corruptos, pero, disfrutan de total impunidad tanto política como legalmente hablando: ¿hasta cuándo?

"México: tolerando lo intolerable"

noreply@blogger.com (Armando Román Zozaya) — Fri, 19 Jun 2009 01:50:00 +0000

(Publicado en "Excélsior," el día 20 de mayo de 2009)

Armando Román Zozaya

No tenemos capacidad de asombro, de indignación. Tampoco mostramos empatía. De hecho, vivimos entre secuestradores, narcotraficantes, políticos corruptos, ciudadanos que no respetan absolutamente nada, policías que nada más estorban, médicos negligentes, consejeros del IFE que quieren ganar una fortuna, jueces que la ganan, partidos políticos que abusan del presupuesto, líderes sindicales que viven como magnates y, por supuesto, decenas de millones de pobres, entre otras cosas, pero no nos quejamos como deberíamos, no pedimos en serio que las cosas cambien, o sólo lo hacemos en privado, momentáneamente.

Y claro, ¿por qué hacer más si es evidente que no servirá de nada?¿Por qué exigir que los políticos se dejen de corruptelas, que la ciudadanía no tire basura en la calle, que se acabe con los secuestradores, cuando sabemos que no ocurrirá? ¿Para qué perder nuestro tiempo? ¿Para qué arriesgarnos a ser extorsionados al levantar una denuncia? ¿Para qué llamar a la “policía” para denunciar una narcotiendita cuando es posible que los “agentes del orden” estén involucrados en el asunto? ¿Para qué pedir que sean castigados los médicos negligentes? ¿Para qué agotarnos exigiendo que los partidos ya no gasten tanto, que los altos funcionarios no gocen de privilegios? ¿Para qué quejarnos de que muchos mexicanos están desnutridos, no tienen servicios de salud?

No hacemos nada de lo anterior porque hemos desarrollado una preocupante, desalentadora y peligrosa tolerancia a lo intolerable, a lo nocivo, a lo inaceptable. De hecho, esta es nuestra lógica: mientras a nosotros y a nuestras familias no nos pase nada, lo demás no importa. Así, si hay pobres, pues ni modo; ojalá yo nunca lo sea. Si secuestran y matan a un muchacho, pues qué bueno que no se trató de uno de mis hijos. Si el policía es un corrupto, ojalá que detenga el vehículo de al lado y no el que yo conduzco. Si hay funcionarios públicos que gozan de privilegios simplemente inaceptables, ojalá que sea yo uno de ellos. Si la gente deja enormes bolsas de basura en la calle, que las dejen frente de la casa del vecino y no de la mía, etcétera: nunca una queja o un reclamo si yo no soy el afectado; muchas veces, ni siquiera entonces.

Y así vamos por la vida, es decir, toleramos hechos y situaciones inaceptables y nocivas, tanto para cada uno de nosotros como para la colectividad: nada nos asusta ni nos asombra. Mucho menos somos capaces de identificarnos con la tragedia, las carencias y/o las necesidades del prójimo. Todo esto es producto de que nos hemos habituado a la impunidad, a la pobreza y al temor. Así, estamos atrapados en un círculo vicioso. Por citar un ejemplo, no denunciamos porque sabemos que, debido a la impunidad, es una pérdida de tiempo, pero, el no denunciar contribuye a que haya impunidad. Va otro: si vemos que una persona está estacionada frente a una rampa para discapacitados, mejor ni decirle nada porque, por lo menos, nos mentará la madre y, en una de esas, hasta nos golpea, cuestión que coadyuva a que sigamos estacionándonos donde no debemos. Claro, esta persona nos mienta la madre y nos golpea porque sabe que goza de impunidad pues es sumamente improbable que la policía se aparezca y, además de sancionarla por la falta que ha cometido, lo haga también por agredirnos.

Aunado a lo comentado, no nos preocupamos por los pobres, por los niños que padecen de desnutrición, etcétera. Y no lo hacemos porque, como muchas personas piensan, son demasiados y de nada servirá nuestra ayuda. Además, para eso está el gobierno. Asimismo, no es nuestra culpa que los padres de dichos niños no sepan, no puedan o no quieran darles los cuidados apropiados. Vale aclarar que no estoy hablando de que ayudemos a estos individuos dándoles dinero o, en todo caso, no exclusivamente de eso: ¿por qué no concentrarnos en estar tras los políticos para que, antes de cualquier otra cosa, se aseguren de que nunca más un niño mexicano muera por falta de alimento o cuidados médicos? ¿Por qué quienes podemos no exigimos que nuestros gobernantes pongan en pie políticas sociales y de salubridad que garanticen que todo ciudadano cuente con lo mínimo necesario para poder ser? Porque no son nuestros niños los que están en tales circunstancias, porque nosotros no somos los pobres; no es nuestro problema: no hay empatía ni solidaridad; como decíamos, toleramos lo intolerable.

El problema de fondo no son los políticos ni el gobierno; somos nosotros. Por ello, el cambio comienza en casa: no toleremos lo injustificable, no seamos víctimas de la cotidianeidad: es eso o el precipicio.

"Influenzados"

noreply@blogger.com (Armando Román Zozaya) — Wed, 06 May 2009 15:29:00 +0000

(Publicado en Excélsior, el día 6 de mayo de 2009)

Armando Román Zozaya

Las autoridades dicen que, con relación al asunto de la influenza, las cosas van bien. No estamos de acuerdo. Veamos.

Desde el 2 de abril se sabía de casos de influenza no estacional en Perote, Veracruz, uno de los cuales resultó ser AH1N1. Pero fue hasta el día 23 que se declaró la emergencia sanitaria. ¿Qué pasó? La situación fue subestimada porque nadie falleció en Veracruz. No obstante, a medida que surgieron más casos, lo ocurrido en Perote cobró relevancia. Así, se analizaron muestras que habían sido tomadas a quienes ahí enfermaron (por cierto, si no había qué temer, ¿por qué fueron tomadas y guardadas dichas muestras?). Como decíamos, un caso sí resultó AH1N1. De esta manera, el virus estaba entre nosotros desde por lo menos tres semanas antes de que se declarara la emergencia sanitaria.

Entre el 2 y el 23 de abril, con la sospecha de que algo estaba ocurriendo, México envió a Canadá muestras de pacientes con influenza (se incluyó la de Perote que daría positiva al AH1N1), donde se determinó que se trata de un virus nuevo. ¿Por qué a Canadá? Porque, como no sabemos prevenir, no contamos con laboratorios de primer nivel. De hecho, desde 1999, la Organización Mundial de la Salud recomendó a México, y a otros países, desarrollar infraestructura para generar vacunas contra la influenza pues, tarde o temprano, habría una pandemia. ¿Ya contamos con tal infraestructura? No. Repitámoslo: no sabemos prevenir.

Nuestra falta de prevención costó tiempo y, probablemente, vidas. Por ejemplo, el 13 de abril, Gustavo Terán acudió a la Unidad 196 del IMSS con síntomas de influenza. Lo atendieron negligentemente y, en algo inaudito, le diagnosticaron SIDA. El 25 de abril, Gustavo falleció debido a una neumonía atípica. ¿Habría salvado la vida si la emergencia hubiera sido declarada a principios de abril? No lo sabemos, pero es obvio que, hacia el día 13, los médicos de la mencionada unidad no sabían todavía del AH1N1 (eso sí, lo negligente no se los quita nadie).

Lo que le pasó a Gustavo le ocurrió también a María Fernanda García, quien, el día 25 de abril, al presentar síntomas de influenza, fue llevada al Centro de Salud Luis Mazotti. No se le diagnosticó nada grave; la mandaron a su casa. Pero empeoró. Así, el lunes 27, fue trasladada al Hospital Pediátrico de Peralvillo, donde se le diagnosticó fractura de fémur y, otra vez, fue enviada a casa. Esa misma noche, murió de pleuroneumonía. Obviamente, los doctores se equivocaron con Fernanda pues, si tenía síntomas de influenza y estábamos en plena alerta, por lo menos tendría que haber sido puesta en observación. Y si su problema era realmente una fractura, ¿por qué no fue atendida?

A pesar de estos casos, el Presidente Calderón sostiene que “nuestro sistema de salud ha funcionado adecuadamente”. No lo entendemos: o el Presidente está mal informado o miente: ¿es prudente lo que ha dicho cuando ocurren cosas como las comentadas? Tampoco entendemos que el mismo Presidente y otros funcionarios argumenten que, durante la emergencia, la ciudadanía ha actuado responsablemente. De nuevo, o están mal informados o mienten pues resulta que 48% de las empresas no cumplieron con el cese de actividades no prioritarias. Asimismo, en plena contingencia, taxistas, vendedores ambulantes, personal del aeropuerto, de las tiendas de autoservicio y de los bancos, así como ciudadanos en general, no cumplieron con las recomendaciones de la Secretaría de Salud e inclusive ocurrió que un diputado quiso ingresar al pleno de San Lázaro con sus niños: ¿todo esto es indicativo de responsabilidad?

¿Y qué nos espera ahora que estaremos sujetos a reglas específicas? Pongámoslo así: nuestra salud depende de que sigamos ciertos lineamientos en las escuelas, oficinas, etcétera. Pero resulta que detestamos apegarnos a regla alguna y no hay autoridad que pueda con nuestro gusto por la impunidad: ¿qué, pues, nos espera? Por ejemplo, en Querétaro, durante el acto inaugural de sus campañas, los candidatos del PAN violaron todas las disposiciones de la Secretaría de Salud. Otro ejemplo: ciudadanos entrevistados en la radio dicen que no usan cubrebocas porque todo es una exageración del gobierno. ¿Y quién va a verificar que la fonda de la esquina opere sólo a la mitad de su capacidad?

El riesgo más preocupante no es el AH1N1; lo que nos tiene influenzados, y desde hace tiempo, es el “valemadrismo,” la indiferencia ante el dolor, la tragedia y las carencias del prójimo así como, obviamente, las “talentosas” autoridades que nos gobiernan, sean del nivel que sean. Pobre México, en verdad: tan lejos de Dios y atrapado por tantos virus.

"La economía y los partidos"

noreply@blogger.com (Armando Román Zozaya) — Wed, 06 May 2009 15:28:00 +0000

(Publicado en Excélsior, el día 22 de abril de 2009)

Armando Román Zozaya

De acuerdo con el Indicador Global de Actividad Económica del INEGI, la economía mexicana se contrajo 9.1% durante enero del corriente respecto al mismo mes del año pasado; su peor caída desde julio de 1995. Aunado a lo anterior, según cifras de la Secretaría de Hacienda, durante el primer bimestre del año en curso la recaudación fiscal ha sido considerablemente menor que la lograda en enero-febrero de 2008. Evidentemente, lo que reporta Hacienda está vinculado a lo que informa INEGI, es decir, se está recaudando menos porque la economía está rindiendo menos.

Todo esto es indicativo, obvio, de que la actual crisis es muy profunda. Dicho sea de paso, también lo es de que el gobierno federal se equivocó al considerar que sólo padeceríamos una “gripa,” cuestión que implicó que no se pusieran en marcha medidas anticíclicas lo más pronto posible. Y es que si bien es verdad que no hay política pública que nos saque del hoyo en el que estamos –para dejar el atolladero necesitamos que la economía estadounidense se reactive–, también es cierto que el gasto público no está fluyendo tan rápido como debería y, por mencionar un ejemplo concreto, ni siquiera sabemos todavía a ciencia cierta dónde estará la refinería cuya construcción deberá brindarle cierto impulso a la economía (¿Tula o Salamanca?).

Pero por grave que sea, lo más preocupante no es lo anterior sino que, de cara al futuro, es decir, más allá de la coyuntura, nuestros partidos políticos no parecen tener ideas claras respecto a qué hacer en el terreno económico. De hecho, ahora que nos están pidiendo que votemos por ellos, ninguno pasa de apuntar que faltan empleo y oportunidades. Pero nada hay de los cómos, de qué pasos y estrategias seguir para lograr que la economía mexicana logre las tasas de crecimiento económico, y la distribución del ingreso, que tanta faltan le hacen.

No hay que darle muchas vueltas al asunto: en un mundo en el que la competencia es voraz y la capacidad para acaparar mercados e inversiones es crucial, no tenemos más opción que incrementar nuestra competitividad. Para conseguirlo, es necesario, por lo menos, que acabemos con la inseguridad pública –cuestión que implica un mar de acciones que van desde capacitar adecuadamente a los policías hasta que nuestro aparato de justicia funcione de manera expedita y sin corruptelas–. Además, es apremiante que eduquemos mejor a nuestros jóvenes y niños, que elevemos la calidad de nuestra infraestructura, que cobremos impuestos de una manera más sencilla y justa, que utilicemos el gasto público eficientemente, que terminemos con los monopolios, que reformemos la vida interna de nuestros sindicatos con el fin de favorecer los mecanismos de mercado y que acabemos con la discriminación que sufren en el ámbito laboral las mujeres, los homosexuales, los adultos mayores y los indígenas.

Obviamente, lo que aquí proponemos conlleva a su vez una serie de esfuerzos que exigen gran capacidad y talento políticos, así como mucho valor: ¿quién dice “yo” para poner fin a los privilegios del SNTE y del sindicato de PEMEX? ¿Quién podrá reformar a fondo nuestro sector energético? ¿Quién logrará que los gobernadores y presidentes municipales hagan más para abatir la inseguridad? ¿Quién conseguirá que los mexicanos que más tienen paguen más impuestos? ¿Quién se va a animar a deshacerse de todos los burócratas que cobran pero no trabajan? ¿Quién logrará que los partidos políticos vean reducido su estratosférico presupuesto? De hecho, con las elecciones en puerta, ¿qué partido se ha comprometido con acciones similares a las que aquí hemos listado?

La economía mexicana está, pues, en la lona. Por su parte, los partidos políticos o no lo comprenden o no le dan la importancia debida, cuestión que preocupa. De hecho, no los estamos atacando sino pidiéndoles que reaccionen adecuadamente. Es más, si lo que quieren son votos, bien harían en proponernos cómo vamos a resolver los problemas de fondo del país; cualquier otra cosa constituye pura politiquería, nada más que “grilla,” grandes cantidades de dinero público tiradas a la basura y una desesperante pérdida de tiempo.

Lo más triste de todo es que ahora no nada más los partidos sino hasta el IFE mismo cree –eso evidencian sus promocionales en TV y radio– que por el mero acto de votar se acabarán las injusticias y habrá oportunidades (eso sí, el IFE nos invita a “pensarle” bien antes de sufragar). Pero el hecho es que los partidos no nos proponen nada serio para, precisamente, abatir las injusticias, crear oportunidades y potenciar nuestra economía: he ahí el problema.

"Estado e instituciones: la clave"

noreply@blogger.com (Armando Román Zozaya) — Wed, 06 May 2009 15:24:00 +0000

(Publicado en Excélsior, el 8 de abril de 2009)

Armando Román Zozaya

Ahora que se avecinan las elecciones y nuestros partidos dicen saber qué hacer para que México mejore, vale comentar lo siguiente:

Sin institucionalidad, las economías no funcionan adecuadamente. Pero hay que tener las leyes/instituciones correctas. De hecho, las mejores son las que favorecen la libertad individual pues ésta es valiosa per se y, en asociación con la propiedad privada –condicionante mismo de la libertad–, incentiva el funcionamiento de los mercados y la acumulación y reinversión del capital.

Las instituciones tienen que contemplar la redistribución productiva de la riqueza; todo individuo debe contar con un nivel de ingreso mínimo, así como con acceso a servicios básicos; sólo de esta manera es posible que quienes menos tienen desplieguen su libertad, lo que es necesario porque aquellos que poseen poco producen poco, lo que perjudica a la sociedad.

A quien dude lo anterior, lo invitamos a que nombre un país con nivel de vida alto en todos los sentidos pero que, al mismo tiempo, sea uno en el que la propiedad no sea privada, no existan instituciones que respalden la libertad, los mercados no funcionen, no haya, por lo menos, una red última de protección contra la pobreza y la legalidad no impere.

Capturemos lo anterior por medio de una abstracción: sociedad-capitalismo capaz, es decir, llamemos así a aquellos países en los que hay, y se respetan, instituciones que favorecen la libertad individual. ¿Por qué sociedad-capitalismo capaz? Usamos el término “sociedad” porque los resultados económicos son sistémicos: si el sistema está orientado en la dirección correcta, la colectividad generará crecimiento económico para todos. Recurrimos a “capitalismo” para subrayar que ese modo de producción resulta en que las economías se expanden permanentemente. Utilizamos “capaz” con el fin de resaltar que el capitalismo depende de ciertas instituciones: las sociedades que no las tienen no generan crecimiento económico capitalista, el cual constituye el tipo de crecimiento que mejores resultados ha dado a la humanidad.

Al hablar de Capitalismo no nos referimos al de los siglos XVIII, XIX y parte del XX. Tampoco al vinculado al Estado de Bienestar sino a uno en el que los mercados son intervenidos, sí, pero minimizando las ineficiencias vinculadas a los programas sociales asociados a dicho Estado. Y es que la intervención del gobierno en la economía es necesaria, claro, sin embargo, debe potenciar los mercados, no apagarlos. Estamos hablando, entonces, de un capitalismo que extrae el mayor beneficio posible del mecanismo de mercado a la vez que maximiza la participación de las personas en la economía misma, cuestión que coadyuva a que el aparato productivo rinda y sea incluyente: sociedad e individuo ganan.

México no es una sociedad capitalismo-capaz pues la ley no está orientada plenamente hacia el modo de producción capitalista. Además, en todo caso, no se le respeta. Asimismo, por diversas razones, los mercados no funcionan bien, lo que implica que muchos individuos no participan en la economía a plenitud. De hecho, a pesar de que es descrito como tal y se le confunde con el mismo, lo que es inevitable pues no se puede escapar de él a la hora de hacer transacciones, en México el contexto socioeconómico no es uno de mercado; se trata más bien de algo cercano a una jungla en la que prevalece la voluntad del más fuerte, ya sea en términos económicos y/o políticos y/o, incluso, físicos. Insistamos: eso no es un mercado. Es más, uno de los problemas centrales de México no está dado por los mercados sino por su ausencia.

No reneguemos, pues, del capitalismo, de los mercados, sino de que no hemos terminado de construirlo, lo cual es consecuencia de que México no es realmente un país de leyes, cuestión vinculada a que el gobierno es débil, situación que responde a que México es un Estado endeble. Vale aclarar que por Estado no queremos decir gobierno puesto que éste nada más es una parte de aquél; sus otros componentes son los ciudadanos, las leyes y el territorio. Asimismo, resaltemos que el alma del Estado está encarnada en el vínculo ciudadanos-gobierno y ciudadano-ciudadano. Es esta relación la que, en México, es pobre. Por eso se trata de un estado frágil.

Las dificultades económicas de México no son únicamente, entonces, de tal naturaleza: si no nos consolidamos como Estado, será difícil desarrollar/respaldar las instituciones que requerimos para ser una sociedad capitalismo-capaz. Así, Estado e instituciones (las adecuadas) es lo que necesitamos para desplegar nuestro potencial; a ver para cuándo.

"El retorno de AMLO"

noreply@blogger.com (Armando Román Zozaya) — Wed, 25 Mar 2009 14:27:00 +0000

(Publicado en "Excélsior," el 25 de marzo de 2009)

Armando Román Zozaya

Antes de 2006, decía que lo dieran por muerto. Ahora señala que él no será el candidato presidencial del PRD en 2012 necesariamente; lo será quien, en ese momento, esté “mejor posicionado”. Y tal vez así suceda, sin embargo, dos hechos nos anuncian que quien estará “mejor posicionado” será él: Andrés Manuel López Obrador. Los hechos en cuestión son: 1) Izquierda Unida, corriente perredista vinculada a Obrador, se ha hecho del control del Distrito Federal y ha marginado a Nueva Izquierda, la corriente del actual presidente del perredismo, y 2) hace unos días tuvo lugar la Convención Nacional de Gobiernos Municipales del “gobierno legítimo,” la cual, lo admita López Obrador o no, constituye el comienzo del movimiento que buscará apuntalar su candidatura hacia 2012.

Dada la relevancia del personaje en cuestión, vale la pena que, desde ahora, analicemos la conveniencia de que sea presidente de México. En primer lugar, señalemos que don Andrés Manuel tiene razón respecto a algunas cuestiones relevantes. Por ejemplo, no se equivoca cuando sostiene que los funcionarios públicos ganan demasiado. Asimismo, por supuesto que está en lo correcto al quejarse de cómo se realizó el FOBAPROA. Igualmente, no le falta sentido cuando indica que la corrupción es uno de nuestros grandes males. Tampoco está en el error al indignarse como pocos por la pobreza que aqueja a millones de mexicanos.

No obstante lo anterior, Obrador se equivoca rotundamente al concebir a los empresarios –al menos eso se desprende de muchas de sus declaraciones– como agentes del mal. Asimismo, no tiene razón cuando argumenta que los problemas económicos del país se pueden solventar por medio de más programas sociales (no que los programas no sean útiles sino que no constituyen una solución de fondo). De la misma forma, el señor López Obrador falla al creer que sería nocivo que PEMEX se asocie con empresas extranjeras. Igualmente, es lamentable que sólo entienda poco respecto a cómo opera la economía internacional, la posición de México en la misma y los retos, y oportunidades, que encaramos como país en dicha arena.

Pero lo grave no es lo ya indicado –de hecho, se trata de posturas ideológicas que, si bien me parecen erróneas, son legítimas y se vale defenderlas, claro– sino que don Andrés Manuel se concibe a sí mismo como la encarnación de la alegría, el salvador de México, el único capaz de poner fin a nuestros problemas. Es más, López Obrador siente que él es el único mexicano de verdad, el único que no es traidor, el único que sí ama a México. Por eso, Obrador y sus seguidores consideran que, quienes no estamos de acuerdo con él, somos traidores, malos mexicanos, personas de mala voluntad o, por lo menos, ignorantes y/o estultos. Y es que según la lógica obradorista, habría que ser idiota o traidor para no comulgar con las ideas del señor Andrés Manuel. Así, nadie está en contra de sus propuestas legítimamente, es decir, sin pretender hacerle daño al país o, simplemente, sin demostrar una estupidez suprema.

En pocas palabras, López Obrador es un autoritario y da la impresión de que, con el poder en las manos, utilizaría la ley para favorecer a los suyos y eliminar a sus oponentes. De igual forma, se apoyaría en la “voluntad del pueblo” para atropellar los derechos de los grupos que no están con él. Asimismo, no dudaría en recurrir a dicha voluntad para reelegirse eternamente –o por lo menos intentarlo– y, de esta manera, “asegurarse” de que México se convierta en un mejor país; seis años no le bastan para concretar su proyecto y es obvio que, dado que sólo él puede hacer de nuestra tierra una próspera, ni modo que, ya estando al frente del gobierno y del Estado, se retire y deje las cosas a medias: eso sólo lo hacen los traidores.

Es por lo anterior, es decir, no necesariamente por lo que piensa sino por cómo se conduce, que si bien López Obrador tiene razón respecto a ciertas cosas que son clave para México, no es conveniente que sea Presidente de la República. De hecho, una presidencia de Orador sería nociva para el país; representaría un retroceso, tanto político como económico. Aclaro que no estoy diciendo que el PAN es una maravilla o que el PRI es la panacea. No, no se trata de eso. Lo que estoy tratando de transmitir es que hay que ser cuidadosos de no darle poder a quien ha dejado ver que es un autoritario e intolerante: le haría daño a México, más que el que una mala administración del PAN o del PRI le pudiera llegar a hacer.

Ahí viene pues, otra vez, López Obrador. Lástima; ojalá que, en su lugar, llegara un candidato de izquierda serio y responsable: hace falta.

"La institucionalización del despojo"

noreply@blogger.com (Armando Román Zozaya) — Wed, 25 Mar 2009 14:25:00 +0000

(Publicado en "Excélsior," el 11 de marzo de 2009)

Armando Román Zozaya

Duele, pero, hay que decirlo: México es el país del despojo. Ejemplos: los ambulantes y franeleros, quienes desposeen a la ciudadanía de los espacios públicos; los secuestradores, quienes nos despojan de la libertad misma y del derecho a vivir tranquilos; los asaltantes, quienes nos arrebatan el fruto de nuestro trabajo; las “autoridades” que no hacen bien su trabajo y, por lo tanto, nos privan del beneficio de vivir en una sociedad ordenada y pacífica; los banqueros, quienes nos extraen lo poco que tenemos por medio de mortíferas tasas de interés; los mexicanos que no son delincuentes pero que no tienen conciencia cívica y, de esta manera, inundan nuestras calles y condominios de basura, ruido exacerbado, automóviles que son conducidos sin prudencia alguna, etcétera, es decir, nos quitan el derecho a desenvolvernos en un ambiente sano. Y un largo etcétera.

Por si eso fuera poco, resulta que en México el despojo es tan ordinario que hasta lo hemos institucionalizado. Tres casos ilustran lo anterior: 1) como lo evidencia el reportaje de Alejandro Sánchez publicado en estas mismas páginas en días recientes, hasta hace unas semanas, la madre de la Secretaria Técnica de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados cobraba como empleada de la comisión misma aunque nunca trabajó ahí realmente; era una “aviadora;” 2) el reportaje de Carlos Avilés sobre los derechos y prerrogativas de los ministros jubilados de la Corte de Justicia, publicado hace unos días en El Universal, revela que los exministros gozan, a costa del erario, de comidas de lujo, pensiones de cientos de miles de pesos, seguro de gastos médicos, etcétera, y 3) los 500 mil pesos que los asambleístas del Distrito Federal recibirán, cada uno, por supuesto, al concluir la actual legislatura.

Y claro, todo lo indicado es legal pues, a final de cuentas, la señora madre de la Secretaria Técnica de la mencionada comisión era una empleada de la misma y, por lo tanto, no había nada de irregular en que cobrara su sueldo. Igualmente, los privilegios que gozan los exministros están dentro de lo que la ley estipula. De la misma forma, los 500 mil pesos de los asambleístas no son ilegales. Digámoslo claramente: esto no es sino despojo institucionalizado. Es despojo porque se trata de recursos públicos que terminan en manos privadas; está institucionalizado porque la ley misma lo avala.

Ahora bien, el que el despojo esté institucionalizado no es excusa para no acabar con él. Para empezar, vivimos en un país con grandes necesidades, por lo que el uso de nuestros recursos públicos no es el adecuado: nuestras prioridades actuales son inaceptables. Además, dichos recursos provienen del esfuerzo de millones de mexicanos; no son de la Corte, ni de la Cámara de Diputados ni de la Asamblea del Distrito Federal: son del pueblo de México. Por eso mismo, tendrían que ser utilizados con todo cuidado, siempre procurando maximizar el bien común, no el privado. Pero lo peor es que, si no hacemos algo respecto a cómo y en qué gastamos lo que es de todos, nuestras instituciones terminarán por perder toda legitimidad: para los ciudadanos, las instancias de gobierno no sirven sino para despojarnos, para hacernos daño, no para ayudarnos a resolver los males del país. Advertencia: una vez que nuestras instituciones se hayan quedado sin legitimidad alguna, situación que, dicho sea de paso, ya nos está rondando, será muy difícil que retornemos del lugar al que habremos llegado: el caos absoluto.

Vale enfatizar que el problema de fondo no es el uso de la ley con el fin de que manos privadas se hagan de lo público sino la falta de ética que nos permea. De hecho, utilizar la ley de tal forma es producto, precisamente, de dicha falta, la cual se refleja también en lo siguiente: ¿por qué un exministro de la Corte que recibe una pensión de al menos 150 mil pesos al mes exige que la Corte misma le reembolse lo que se gasta en propinas? Caray, inclusive si la ley lo permite, ¿está bien? ¿En la conciencia de los exministros no cabe el negarse a utilizar una prestación como la descrita cuando gozan de pensiones que, dado el país que somos, son de por sí desproporcionadas? ¿Por qué autogratificarse con 500 mil pesos, como lo harán los asambleístas del D.F.? Es legal, pero, ¿es correcto? ¿Por qué contratar a la madre de uno para que cobre sin trabajar? Es posible hacerlo legalmente, pero, ¿es ético?

Somos, pues, el país del despojo. Incluso, hemos institucionalizado el acto mismo de despojar: ¿es eso lo que heredaremos a nuestros niños? La tarea es de todos: ¡ya no más, ya basta!

"Soy un catastrofista"

noreply@blogger.com (Armando Román Zozaya) — Wed, 11 Feb 2009 14:30:00 +0000

(Publicado en "Excélsior," el día 11 de febrero de 2009)

Armando Román Zozaya

No importa si el juicio proviene del mismísimo Presidente de la República: prefiero ser considerado un “catastrofista” que minimizar los problemas que encaramos. Igualmente, opto por que se me acuse de “deliberadamente falsear, dividir o enconar” en vez de callar ante lo que considero una crisis que puede provocar que México se convierta en un espacio permanentemente incapaz de brindar a sus ciudadanos un marco de convivencia sustentado en la ley.

Y no, al contrario de lo indicado por Germán Martínez, presidente del PAN, en uno de sus textos para El Universal, no argumento lo anterior porque constituyo un poder fáctico que quiere impugnar al Estado. De hecho, lo sostengo porque, como muchos otros mexicanos, estoy cansado de que en nuestro país la ley no impere. Es más, considero inaceptable que cada minuto confirmemos que en México vale más la impunidad que la autoridad. Asimismo, me preocupa que quienes nos gobiernan no sólo no aceptan la gravedad de la situación sino que, además, consideran que quienes no estamos de acuerdo con ellos somos traidores a la patria.

¿Cuáles son los problemas que nos pueden hundir? ¿Por qué difiero del diagnóstico de México ofrecido por el grupo en el poder? Dicho grupo piensa –eso se desprende de sus declaraciones, comentarios y textos– que el problema está dado únicamente por la inseguridad y, en concreto, por el narcotráfico. Así, el presidente Calderón, Germán Martínez y muchos otros que están de acuerdo con ellos, argumentan que, si bien experimentamos violencia en las calles, México no es Pakistán, es decir, se trata de violencia no endémica sino ligada a la guerra contra el crimen organizado. Por eso, por ejemplo, lo único que el país requiere para cambiar su imagen ante el exterior es una campaña publicitaria (cuestión que implica –eso indica la lógica– que no se necesitan acciones de fondo que modifiquen nuestra realidad: es un asunto de estética).

Es obvio que es positivo que se esté haciendo algo para aniquilar a la delincuencia organizada. Asimismo, es cierto que no somos Pakistán. Pero tampoco somos Suecia. Eso sí: estamos más cerca del primer país mencionado que del segundo. ¿Por qué? Porque, y he aquí la cuestión de fondo, en México reina la impunidad, como ya comentamos. De hecho, los poderes fácticos que sí son tales nos ilustran esta realidad todos los días. Vale aclarar que por poderes fácticos no me refiero nada más al narcotráfico, el cual, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, sigue siendo un poder tal, sino también a otros grupos que igualmente se dedican a minar al Estado: los “viene, viene,” los vendedores ambulantes, los productores y vendedores de piratería, los invasores de terrenos, los que controlan la prostitución infantil y el tráfico de personas, los taxistas pirata, los microbuseros, los revendedores, los gruyeros, los zapatistas, los eperristas, los MPs que se coluden con delincuentes o aceptan sobornos para no hacer su trabajo adecuadamente y todo grupo, sea de la naturaleza que sea, que vive de romper la ley a sabiendas de que no hay autoridad que le haga frente. Esos grupos sí desean, y se benefician de, que México sea un Estado débil, fallido: es su forma de vida.

El problema no es, entonces, la inseguridad sino lo que la ha gestado, es decir, la impunidad y lo que nutre a ésta: la ilegalidad. Todo esto está vinculado a la corrupción, a la endémica debilidad gubernamental que nos caracteriza y a nuestra poca conciencia social y cívica: ante un escenario de ausencia de la ley –no que no haya ley sino que no se le respalda–, muchos optan por destruir al Estado: nuestra cultura y nuestras acciones premian a quien rompe la legalidad. Por eso, hay mexicanos que creemos que nuestro país está en riesgo de deshacerse. Ejemplo de ello es que salimos a la calle con temor, sin saber si volveremos a casa, si hoy será el día en que nos asaltarán, extorsionarán o asesinarán. (Lo que sí sabemos es que, entre otras cosas, no podremos estacionar nuestro auto en la vía pública a menos de que le demos dinero a un mafioso que se hace llamar “franelero” y que, al entrar al metro, sortearemos puestos informales en los que se venden artículos contrabandeados, pirateados y/o robados, es decir, sabemos que aquí la ley vale muy poco, tal vez nada).

¿Y la solución? Comencemos exigiendo que el gobierno, en todos sus niveles, actúe como tal. Paralelamente, urge que la ciudadanía se comporte como una de verdad. ¿Me equivoco? ¿El país no está tan mal? Ojalá: prefiero ser un estúpido catastrofista que atestiguar que México se desmorone. Eso sí: traidor, jamás.

"Sí somos un Estado fallido"

noreply@blogger.com (Armando Román Zozaya) — Wed, 28 Jan 2009 14:32:00 +0000

(Publicado en "Excélsior," el día 28 de enero de 2009)

Armando Román Zozaya

En una reciente colaboración para El Universal, Germán Martínez, presidente del PAN, argumenta que México no es un Estado fallido. De la misma manera, en su texto publicado el día de ayer en estas mismas páginas, don Pablo Hiriart coincide con don Germán. Me parece que ambos se equivocan. Veamos.

En concreto, Martínez comenta que un Estado fallido “sería incapaz de usar la policía, tener recursos y poder cobrar impuestos”. Hiriart apunta algo similar: “Un Estado fallido es aquel dominado por la anarquía. Donde el Estado ha perdido el monopolio del uso de la fuerza. Donde las instituciones no funcionan. Donde el gobierno no gobierna. Donde no se puede hacer cumplir las leyes. Aquel que no puede gobernarse por sí mismo”.

A riesgo de equivocarme, creo que los argumentos de Hiriart y de Martínez pueden resumirse así: México no es un Estado fallido porque no se ha colapsado, es decir, el país funciona. Y en eso tienen razón: México como tal existe y cuenta con autoridades que, a diferentes niveles y conjuntamente, gobiernan, o sea, cobran impuestos, distribuyen gasto, hacen y aplican las leyes, etcétera.

Ahora bien, un Estado no tiene que colapsarse para ser fallido. De hecho, bien puede ser que cobre impuestos, que cuente con policías, con leyes que regulan absolutamente todo, con gobernantes, etcétera. La cuestión de fondo es si los componentes que dan vida y forma al Estado trabajan adecuadamente. Y es justamente en este terreno donde México se revela como un Estado fallido, inclusive si no se trata de un Estado colapsado: en nuestro país, ninguno de los elementos que componen al Estado funciona como debería.

En primera instancia, en México la ley es muy endeble. De hecho, se puede matar a plena luz del día y no pasa nada, es posible violar toda disposición vial sin sufrir sanción alguna, se vale contrabandear y/o piratear todo tipo de productos y venderlos en la vía pública sin que la autoridad haga algo, también hay espacio, como ocurre en Chiapas, para establecer municipios autónomos que ignoran el marco legal vigente y establecen el suyo, etcétera. Eso no ocurre en los estados serios, en los que no son fallidos (al menos no al nivel y en la escala que ocurre en México; en todos lados hay problemas: ningún Estado es perfecto). Pregunta: ¿en México la ley se hace respetar y las instituciones prevalecen?

En segundo lugar, México es un Estado fallido porque, por lo menos, 11 millones de personas laboran en la economía informal y no pagan impuestos directos. Vamos, ni siquiera están registrados en el padrón de Hacienda. Si a esto añadimos la evasión fiscal cometida por quienes sí están registrados y, por lo tanto, se supone que deberían pagar todo lo que les corresponde, vale la pena que preguntemos lo siguiente: ¿las autoridades mexicanas son capaces de cobrar impuestos?

En tercer lugar, y este es un punto que ni Hiriart ni Martínez notan, México es un Estado fallido porque aquí, en promedio, no hay ciudadanos de verdad, cuestión que es producto de que el mexicano típico no concibe al resto de sus conciudadanos como sus iguales. Por eso es que, en la interacción diaria, dicho mexicano niega a los citados conciudadanos, situación que se refleja en la falta de civismo que caracteriza, en general, a los mexicanos. Y eso no es todo: el mexicano promedio tampoco se identifica con quien lo gobierna. Es por ello que, como lo revelan encuestas serias y los comentarios vertidos por lectores en las páginas de internet de los diferentes periódicos del país, la gente piensa que las autoridades sirven para muy poco (dicho sea de paso, por eso nuestros gobernantes nos bombardean con spots en los que nos aseguran que están trabajando y bien: si no hay legitimidad, por lo menos que haya propaganda). ¿Se puede hablar de un Estado de verdad cuando no hay ciudadanos de verdad, cuando la autoridad carece de credibilidad?

Podríamos listar más razones por las que México sí es un Estado fallido. No obstante, deseamos resaltar que, obviamente, no nos da gusto que ese sea el caso. Mucho menos pretendemos dinamitar el gobierno de Felipe Calderón (según el ya mencionado texto de Germán Martínez, quienes sostenemos que México es un Estado fallido no lo hacemos genuinamente; sólo pretendemos coadyuvar a que el gobierno federal caiga). No, de eso no se trata: insistimos en que México es un Estado fallido porque, si no lo entendemos y actuamos en consecuencia, nos convertiremos en uno absolutamente colapsado. Si eso ocurre, es posible que nunca salgamos del hoyo: que ni Dios lo quiera

"Carta a Carlos Eduardo"

noreply@blogger.com (Armando Román Zozaya) — Thu, 15 Jan 2009 15:04:00 +0000

(Publicado en "Excélsior," el día 14 de enero de 2009)

Armando Román Zozaya

Querido Carlos Eduardo,

¡Hijo mío, por fin llegaste! Lo digo con gran alegría, obvio, pues soy muy feliz de ser padre, pero, sobre todo, porque el embarazo del que eres producto fue muy complicado. De hecho, en la semana 11, tu madre tuvo un sangrado severo y la tuve que llevar al Hospital Fernando Quiroz (ISSSTE). Los médicos que la recibieron en urgencias –jóvenes y sin mucha experiencia– nos dijeron que te habíamos perdido. Sin embargo, afortunadamente, un ultrasonido reveló que se equivocaron: si bien a la vista y al tacto parecía que ya no estabas en el útero de tu mamá, en realidad todavía seguías ahí.

Desde entonces, hemos pasado unos meses muy duros y complicados, pero, claro está, todo valió la pena: naciste el día 5 de enero del corriente vía cesárea practicada por el Dr. Mauricio Gutiérrez, a quien le estaremos eternamente agradecidos por todo lo que hizo por ti y por tu madre. Lo mismo vale para el Dr. Eduardo Romero, quien fue el médico del ISSSTE que inició el seguimiento del embarazo de tu mamá y quien, en cuanto se enteró de que ella había ingresado a urgencias, se aseguró de que estuviera perfectamente atendida y no le faltara nada durante su estancia en el hospital, la cual duró casi 10 días. De hecho, hijo, te llamas Eduardo por él (y Carlos por mi padre). Otro médico que también hizo su trabajo estupendamente fue el Dr. Ignacio Morales, quien, entre otras cosas, practicó el ultrasonido que descartó que te hubiéramos perdido. Por supuesto, las enfermeras y personal del ISSSTE en general también hicieron su parte: a todos ellos, les expresamos nuestra gratitud.

Hijo, llegas a un país difícil. Por ejemplo, aunque naciste en un hospital privado, todo el embarazo de tu madre fue atendido y cuidado en el ISSSTE, donde la atención recibida no nos costó ni un peso en el punto de uso, cuestión que habla bien de nuestro México, claro. Sin embargo, ¿qué crees? Resulta que hay millones de mexicanos que no tienen acceso a servicios de salud. De esta manera, entre otras muchas cosas, hay niños chiquitos, como tú, que mueren de enfermedades plenamente curables: una tragedia. Esta circunstancia es producto de uno de los problemas centrales de nuestra sociedad: una terrible y lacerante desigualdad de oportunidades en todos los niveles y en todo terreno.

Otra dificultad grave está dada por la falta de autoridad: lamentablemente, en las calles de nuestro país se vale de todo. Sí, hijo, de todo: desde asesinar hasta dejar en las aceras la basura que se haya generado en la propia casa de uno. Obviamente, esto no es nada más culpa de quienes se supone gobiernan: la responsabilidad es también de nosotros, los ciudadanos, pues no nos comportamos cívicamente y, aprovechándonos de la falta de legalidad, hacemos lo que queremos. Claro está que no todo mundo es así, pero, en general, en este país se respira impunidad y, de la mano de ésta, sobran quienes abusan tanto de lo público como del prójimo.

Por si eso fuera poco, estamos atrapados en una terrible crisis económica. Esta crisis no sólo afecta a México: es global (por eso mismo es brutal). Todavía no está claro cuánto durará, pero, sí sabemos que ha golpeado severamente al empleo y a la inversión. Igualmente, ha resultado en inflación y restricciones para acceder a créditos. Todo esto provocará que los mexicanos suframos una pérdida de calidad de vida (algunos más que otros, por supuesto. De hecho, hay familias que ni se han enterado de la crisis. Entre ellas se encuentran, te lo garantizo –ya comprenderás por qué–, las de los diputados, senadores y altos funcionarios de los tres poderes, federales y de los estados).

A pesar de todo, hijo, México tiene un enorme potencial. Lo que requerimos para salir adelante es que, entre otras cosas, quienes ya tenemos un rato aquí cambiemos nuestras actitudes ante la autoridad, ante lo público y ante los demás. Asimismo, es necesario que, quienes gobiernan, lo hagan en serio. Igualmente, nos urge rediseñar nuestros esquemas educativos pues, de otra forma, nunca seremos competitivos a nivel mundial. Finalmente, es apremiante que, quienes acaban de llegar, como tú, sean educados para respetarse a sí mismos, al prójimo y a lo público, es decir, hay que asegurarnos de formar buenos ciudadanos, trabajadores y responsables, en todos los sentidos, con la sociedad en la que viven: eso es justo lo que intentaremos hacer contigo tu madre y yo pues anhelamos que, para cuando tú tengas un hijo, le escribas una carta en la que describas un país diferente al que te estoy describiendo yo.

Pues bueno, Charlie, sé bienvenido.

Saludos y abrazos,

Tu papá

"Ebrard: la carreta delante de los bueyes"

noreply@blogger.com (Armando Román Zozaya) — Wed, 31 Dec 2008 14:31:00 +0000

(Publicado en "Excélsior," el 31 de diciembre de 2008)

Armando Román Zozaya

Marcelo Ebrard y su gobierno cerraron, por tres días, un importante tramo del Paseo de la Reforma. El objetivo: preparar las celebraciones de año nuevo que tendrán lugar en la Ciudad de México. Esto provocó enorme caos vial, desesperación entre los automovilistas, más contaminación ambiental y más estrés para quienes habitamos en el Distrito Federal. Como es el caso con la pista de hielo ubicada en el zócalo, con los ciclotones y con las playas artificiales, cerrar Reforma par que sobre la avenida se realice una fiesta de año nuevo es una idea de la administración de Marcelo Ebrard, ese señor Jefe de Gobierno que, siempre atento a la “calidad de vida” de las personas que viven en la ciudad que gobierna, no deja de sorprendernos con acciones cuyo único fin –¡aquí no caben los populismos ni los planes hacia 2012!– es entretener sanamente a la población.

Ante las críticas de cientos de miles de capitalinos que se han quejado no sólo del reciente cierre de Reforma sino de la frivolidad y superficialidad de la pista de hielo, las playas y los ciclotones, la administración de Ebrard sostiene que este tipo de cosas son comunes en varias ciudades del planeta, como Nueva York, Paris y otras. Así, se supone que, gracias a la gran visión de don Marcelo, la Ciudad de México estaría a la par de urbes como las mencionadas: ¡por fin hemos alcanzado al primer mundo!

Si bien es cierto que hay defeños que sí disfrutan de la pista, de las playas, de los ciclotones y que, seguramente, estarán en Reforma para recibir el 2009, no hay manera de argumentar que la Ciudad de México esté a la par de otras ciudades que sí son de primer mundo. Y no, señor Ebrard, dichas ciudades no son consideradas de vanguardia porque, como ocurre aquí, cuentan con pistas de hielo, playas artificiales y celebraciones a media calle cuando comienza un nuevo año; lo que las hace urbes envidiables es que, aunque tienen problemas –nada es perfecto, obviamente–, la calidad de vida que proveen es muy superior a la que la Ciudad de México brinda.

¿Cuál es la diferencia de fondo? En Nueva York, Berlín, Paris, Madrid, Londres, Tokio y otras grandes ciudades, las celebraciones, pistas y similares son un complemento a la buena acción del gobierno: allá, las autoridades sí ponen los bueyes delante de la carreta, es decir, sí acomodan las cosas de acuerdo a como se espera que funcionen mejor, siempre teniendo claro cuáles son las prioridades que hay que respetar. Por eso, esas ciudades avanzan. Mientras tanto, en la Ciudad de México, la autoridad hace lo contrario: pone la carreta delante de los bueyes. Así, la ciudad se atasca.

Y es que la pista, las playas, etcétera, estarían muy bien si no ocurriera que en Iztapalapa no hay agua potable. El cierre de Reforma para celebrar un año más daría gusto si, para movilizarnos a la celebración, contáramos con un sistema de transporte de primer nivel y no existieran los microbuses. Ir a patinar al zócalo sería un experiencia maravillosa si no fuera porque es probable que, en nuestro camino al Centro Histórico, en un falso retén, unos “policías” nos pueden secuestrar. Tirarnos en la arena de las playas artificiales sería agradable si no fuera porque uno de nuestros hijos murió aplastado en el News Divine por culpa de la policía del Distrito Federal.

Enfaticemos nuestro punto: en las ciudades de primer mundo, no nada más hay celebraciones y pistas; también ocurre que los gobernantes renuncian cuando no pueden con sus tareas. De la misma manera, los policías no sólo no secuestran sino que no se pasan los altos ni beben alcohol en las patrullas. Asimismo, uno abre la llave y sale agua cristalina. Igualmente, cuando llueve, no hay “encharcamientos” por todos lados. Además, no existe nada similar a los microbuses que nosotros conocemos: nada. Aunado a ello, cuando se tienen que hacer/remodelar obras de infraestructura y esto afectará a la población, se hace de manera planeada y ordenada, sin prisas asociadas al calendario electoral. Por supuesto, en dichas ciudades también sucede que, si se aprueba un nuevo reglamento vial, la policía lo respalda. Y lo mismo vale para prohibiciones como la de no fumar en espacios públicos cerrados. Etcétera.

En concreto, en las ciudades que son de primer mundo, lo primero que es de tal mundo es la autoridad y todo lo que esto conlleva. Por eso, como decíamos, allá los bueyes sí están delante de la carreta. Pero pobres ilusos ellos: ¿preocuparse por la seguridad pública, la disponibilidad de agua, etcétera? No, mejor vayámonos a Reforma a celebrar: ¡gracias por la fiesta, Marcelo! (¡Feliz 2009, amigo lector!).

"Todos somos un Martí Vargas"

noreply@blogger.com (Armando Román Zozaya) — Wed, 31 Dec 2008 14:28:00 +0000

(Publicado en "Excélsior," el 17 de diciembre de 2008)

Armando Román Zozaya

Las tragedias que están sufriendo las familias Vargas Escalera y Martí Haik son parte de nuestras vidas. Y es que los cobardes secuestros y asesinatos de Silvia Vargas y Fernando Martí no son eventos aislados; durante años, la sociedad mexicana ha estado padeciendo crímenes similares. Por eso, y por otras razones que discutiremos más adelante, hoy todos somos un Martí Vargas: al igual que Fernando y Silvia, cada uno de nosotros y nuestras familias podemos ser víctimas de un secuestro, de un asesinato y/o, claro está, de algún otro crimen. La razón: la impunidad que nos aqueja.

Evidentemente, el que las dolorosas muertes de Fernando y Silvia sean dos más de muchas que han ocurrido en circunstancias similares no las hace menos trágicas ni les resta relevancia; no es eso lo que estamos diciendo. Lo que queremos transmitir es que, lamentablemente, dado que la sociedad mexicana está atrapada en un proceso de putrefacción que, al parecer, no puede ser revertido por ninguna autoridad ni por ningún grupo de ciudadanos, lo que les pasó a Silvia y a Fernando no es sorprendente. Es más, enfaticémoslo: le puede ocurrir a cualquiera; es nuestro pan de cada día: así es como se “vive” en nuestro país. ¿O ya nos olvidamos del niño Braulio Suárez, asesinado brutalmente por sus secuestradores en 1999? ¿O del señor Alejandro Belmar, ejecutado en pleno viaducto del D.F. en 2007? Etcétera, etcétera.

Una razón más por la que todos somos un Martí Vargas es que, si bien los casos de Silvia y Fernando no causaron la extrañeza que habrían provocado en otros países, sí generaron solidaridad y empatía hacia las familias Vargas y Martí. Igualmente, han motivado indignación: a todos nos dolió y agravió la forma en que perdimos a Fernando y a Silvia, así como la manera en que las “autoridades” han tratado de encontrar a los responsables de secuestrarlos y asesinarlos (en el caso de Fernando, el testigo clave ha caído en contradicciones y, en el de Silvia, el principal sospechoso “escapó” de un hospital).

Vale subrayar que perdimos a Silvia y a Fernando porque su pérdida no es nada más de sus familiares sino de toda la sociedad: lo que les ocurrió es producto, aunque sólo sea parcialmente, de la cultura de corrupción e impunidad de la que, querámoslo o no, todos somos –hay heroicas excepciones, por supuesto– partícipes: si bien es verdad que en México la “autoridad” deja mucho que desear, también es cierto que, en promedio, los mexicanos frecuentemente optamos por no respetar nada ni a nadie, con ley o sin ella de por medio. En otras palabras, como la legalidad no es válida –el “gobierno” no la sustenta ya sea por negligencia, corrupción o ambas–, tenemos vía libre para hacer a placer y, usualmente, escogemos la ruta fácil, es decir, la de violentar todo lo que es “legal”. Obviamente, esto es una cuestión de grados: así como hay quienes, sabiéndose impunes, se pasan un alto pero no son unos asesinos, hay otros que, igualmente sabiéndose impunes, no nada más sí asesinan sino que secuestran.

Es verdad que, como decíamos, se trata de una cuestión de grados. No obstante, el problema es el mismo: ante la impunidad, optamos por actuar mal. Por eso es que, como sociedad, estamos en putrefacción: México es una jungla; ni la “autoridad” ni los “ciudadanos” somos realmente dignos de tales etiquetas. Así, como comentábamos, a Silvia y a Fernando los perdimos: estaban entre nosotros, pero, nuestra forma de vida gestó, y sostiene, el ambiente en el que unos malnacidos vieron la “oportunidad” de hacerse de dinero a cambio de sus vidas. Esa es, pues, la tercera razón por la que todos somos un Martí Vargas: la pérdida de Fernando y de Silvia va más allá de sus respectivas familias; es la pérdida de una sociedad que no ha sabido, o tal vez no ha querido, transitar por la ruta de la legalidad y el respeto a los demás.

Finalmente, todos somos un Martí Vargas porque, como lo están haciendo las familias Martí Haik y Vargas Escalera, tenemos que intentar que las muertes de Silvia y Fernando no sean en vano: utilicemos nuestra indignación para bien. De esta manera, como lo hizo el señor Vargas, gritémosle a las “autoridades” que “no tienen madre” e invitémoslas a que “si no pueden, renuncien,” como lo ha hecho el señor Martí. Asimismo, apoyemos a las asociaciones ciudadanas que, en medio del caos, buscan una salida. De la misma forma, digamos no a la impunidad: hagámoslo por Silvia y Fernando, por todas las víctimas de la delincuencia y, por supuesto, por nuestros hijos: que su México, el del mañana, no sea uno donde sólo haya un par de apellidos: Martí Vargas.

"¿El "pendejo" soy yo?"

noreply@blogger.com (Armando Román Zozaya) — Wed, 31 Dec 2008 14:24:00 +0000

(Publicado en "Excélsior," el día 3 de diciembre de 2008, bajo el título "Seamos cívicos")

Armando Román Zozaya

Todos los días escuchamos, leemos y vemos las acciones del crimen organizado. Asimismo, sabemos de soldados, policías, periodistas y funcionarios que son asesinados. Igualmente, se nos informa de cargamentos de droga que son decomisados. Pero los crímenes, las faltas contra el orden público, etcétera, no ocurren nada más entre los secuestradores, narcotraficantes y sicarios: tienen lugar, día a día, entre la ciudadanía misma.

Obviamente, las infracciones que comete una persona mientras camina en las calles o conduce su auto no son tan impactantes como, por ejemplo, una ejecución o un secuestro. De esta manera, a menos de que resulten en una tragedia, los medios no les ponen atención. Sin embargo, esto no significa que no se trate de acciones que laceran nuestra vida diaria. Es más, el problema tiene nombre y apellido: desprecio por el prójimo, situación que se refleja en el hecho de que, un día sí y el otro también, rompemos las leyes que pretenden protegernos de los abusos y excesos de otros a la vez que brindan protección a esos otros de nuestros abusos y excesos, es decir, quebrantamos las regulaciones que están diseñadas para ayudarnos a convivir cordial y pacíficamente: no fumar en lugares públicos cerrados, no estacionarse en el lugar de los discapacitados, no pasarse el alto, no tirar basura en la calle, no manejar a exceso de velocidad, no conducir sin luces, no hablar por celular mientras se controla un vehículo, etcétera.

Estas leyes, como decíamos, tienen por objeto propiciar una convivencia cordial y sana. Si se me prohíbe hablar por celular cuando manejo mi auto, lo que se busca es que no termine provocando un accidente que dañe a un tercero y/o a mí mismo. Si se me prohíbe fumar en un lugar cerrado, lo que se pretende es evitar que un tercero que no desea fumar lo haga junto conmigo (pasivamente), etcétera. Por eso, cuando quebrantamos estas regulaciones, lo que realmente estamos haciendo es mostrar total desprecio por los demás, por el prójimo, es decir, por ese “pendejo” que, si no quiere fumar, pues “que se chingue”. Y si lo termino atropellando porque me pasé un alto, también. Total: la única persona que importa en este mundo soy yo.

Si fuéramos ángeles, ni siquiera necesitaríamos leyes; el gobierno saldría sobrando. Pero como no lo somos, sí requerimos de un marco legal y de quien lo haga valer. La cuestión es que, aunque dicho marco está en pie, las autoridades son, salvo algunas excepciones, negligentes y/o corruptas. Resultado: la ley es letra muerta; en nuestro país se vale que hagamos de todo –desde tirar basura en la calle hasta asesinar a plena luz del día– sin que encaremos un riesgo serio de sanción alguna, ya no digamos la sanción en sí: México es la encarnación de la impunidad.

Como la ley no vale, nuestra convivencia no se basa en la legalidad sino en lo que nos dicta nuestra conciencia. Así, hay mexicanos que, más allá de las regulaciones correspondientes, siempre se detendrán ante el rojo del semáforo, respetarán el estacionamiento de los discapacitados y, en general, serán considerados con el prójimo: estos son los mexicanos que no necesitan la amenaza de la ley para convivir cívica y cordialmente. Pero, al mismo tiempo, hay otro tipo de mexicano: el que no respeta nada porque ni su conciencia, ni la autoridad, lo obligan a hacerlo. Este mexicano es el que, por ejemplo, cuando cruza la frontera con Estados Unidos, comienza a comportarse como ciudadano de primer mundo; claro: aunque con fallas, en el país vecino la ley sí vale; el que la hace, la paga. Por eso, quienes aquí no respetan nada, allá son individuos ejemplares.

Los mexicanos que consideran que el prójimo no es sino un estorbo –un “pendejo”– dan al traste con la vida diaria del país: cada vez que uno de ellos viola alguna de las regulaciones como las que aquí hemos mencionado, se constituye en un problema para la sociedad. Asimismo, pasa a formar parte de las filas de quienes rompen el marco legal (claro está que, por citar un ejemplo, conducir a exceso de velocidad no es igual que asesinar o secuestrar, pero, aunque a un nivel diferente, se trata de una falta a la legalidad. Además, puede ser una falta de consecuencias graves: ¿qué tal si por manejar muy rápido matamos a alguien?).

Si bien las autoridades son responsables de sostener todo el marco legal, los ciudadanos podemos ayudar: seamos cívicos, es decir, no veamos al otro, al prójimo, como un “pendejo” que no merece la menor consideración. Nos parece que esto coadyuvaría a que México sea mejor: ¿o tal vez el “pendejo” soy yo?

"Jesús Ortega y el PRD"

noreply@blogger.com (Armando Román Zozaya) — Thu, 20 Nov 2008 18:27:00 +0000

(Publicado en "Excélsior," el día 19 de noviembre de 2008)

Armando Román Zozaya

Hace unos días, el Tribunal Electoral dictaminó que Jesús Ortega Martínez ganó las elecciones internas del Partido de la Revolución Democrática: Ortega presidirá el PRD. A nuestro parecer, una presidencia de Jesús Ortega es lo mejor que le puede suceder al perredismo pues todo indica que don Jesús no es un radical. De la mano de lo anterior, a diferencia de López Obrador y los suyos, Ortega y sus “chuchos” son más dados al diálogo y están dispuestos a alcanzar acuerdos con otras fuerzas políticas. Todo esto podría coadyuvar a que el PRD deje de perder votantes y comience a dejar atrás la intolerancia, el mesianismo y la virulencia con los que muchos ciudadanos, con razón, lo asocian.

Se dirá que no, que una presidencia de Ortega no es buena para el PRD porque puede resultar en una fractura del partido. De hecho, ya se escuchan las voces que advierten que un número importante de perredistas, encabezados por Andrés Manuel López Obrador, abandonarán las filas del perredismo. Pero si esto llegara a ocurrir, la culpa no sería de Ortega sino de quienes son incapaces de reconocer que los votos no les favorecieron y, además, se rehúsan a obedecer un mandato de las instituciones de nuestro país (en este caso, una decisión del Tribunal Electoral). Asimismo, si bien en el corto plazo el PRD resentiría la salida de Obrador y sus seguidores, también es cierto que, en el largo plazo, el perredismo está mejor sin López Obrador que con él: aunque es verdad que para muchos mexicanos el señor Obrador representó –y representa– una esperanza, también es cierto que su radicalismo y necedad han terminado por costarle, y mucho, al perredismo y a la izquierda en general.

Pero así como la llegada de Ortega a la presidencia del PRD es, por lo ya indicado, positiva, también es necesario dejar claro que parte de su comportamiento no ha sido lo que se esperaría de un político de su estatura. Por ejemplo, desde hace días, don Jesús repite hasta el cansancio que la decisión del Tribunal referente a la elección interna del PRD tiene que ser acatada porque se trata de una institución del Estado mexicano. Inclusive, argumenta que, en su momento, el PRD exigió la creación del Tribunal mismo, por lo que sería contradictorio que los perredistas no hagan caso de sus resoluciones. Muy bien: ¿dónde estaban estas palabras y esta actitud después de la elección de 2006? ¿Por qué cuando López Obrador desconoció los resultados del IFE (otra institución del Estado mexicano para cuya creación el PRD fue crucial) Ortega no declaró públicamente que había que respetarlos? ¿Por qué cuando el Tribunal Electoral confirmó la victoria de Felipe Calderón y, en consecuencia, López Obrador mandó al diablo a las instituciones, Ortega no defendió al Tribunal? Es más, ¿por qué Jesús Ortega no dice abiertamente, hoy mismo, que el Tribunal tuvo la razón y que el PRD sí perdió la elección presidencial de hace 2 años? ¿O será tal vez que el señor Jesús Ortega sólo acata lo que el Tribunal y las instituciones en general mandan cuando así conviene a sus intereses?

Otra cuestión relevante es que, en términos ideológicos, no está claro qué es lo que Jesús Ortega defiende. Por ejemplo, en las colaboraciones semanales que vierte en estas mismas páginas, no es posible apreciar lo que entiende por mercado, Estado, neoliberalismo, democracia, izquierda, derecha, etcétera. Por citar un ejemplo concreto, ¿qué quiere decir Ortega cuando sostiene que el país requiere una “izquierda inteligente”? ¿Es “inteligente” rehusarse a cambiar la Constitución nada más porque es la Constitución, es decir, sin analizar por qué sería conveniente hacerlo? ¿Es “inteligente” apoyar una reforma de PEMEX que dejó intacto al sindicato de la empresa? De igual forma, ¿qué es lo que está pensando Ortega cuando dice, como lo hizo en su editorial del día de ayer, que la izquierda es “la decidida lucha por la libertad, la democracia, el ejercicio de todos los derechos y, desde luego, el derecho a una vida digna y de bienestar”? ¿Significa esto que la derecha no lucha por la libertad, la democracia, el ejercicio de todos los derechos y por una vida digna y de bienestar? ¿Qué entiende Ortega, entonces, por “la derecha:” el fascismo?

El siguiente presidente del PRD será, pues, Jesús Ortega. Pensamos que esto es algo positivo en sí mismo. Sin embargo, lo sería inclusive más si el señor Ortega aclarara qué es exactamente lo que piensa así como por qué hoy sí defiende al Tribunal Electoral y hace dos años no lo hizo: sus nuevas responsabilidades así lo exigen.